José Joaquín Cuervo
Y se llegó el tiempo de hacer Coroneles y Generales a los militares del tiempo de la inconciencia y la ignominia; aquellos que pertenecieron al Ejército y a la Policía en los tiempos en que más reproches se les han hecho en materia de vulneración e irrespeto a los derechos humanos; los que ingresaron a las escuelas de oficiales en los tiempos del exterminio de la UP, los del tiempo del maridaje pleno y la connivencia perfecta entre grupos de extrema derecha y las fuerzas del Estado; los del tiempo de mayor participación en masacres, falsos positivos, corrupción y complicidad con narcos y paramilitares.
Los que se siguen creyendo los “todos poderosos” en medio del Estado militarizado por competencia; lo cual no hubiera ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”. Y se llegó el tiempo y efectivamente los hicieron Coroneles y Generales; llegaron a la cúspide de la cúpula militar contra todo pronóstico.
Después de recuperado el status de los miembros del Ejército, especialmente para los guerreristas, en todo se sintieron reivindicados; sabían que sus investigaciones iban a decaer o se iban hacer trizas como se hizo con el acuerdo de paz. Todas esas cosas alejadas del respeto de los derechos humanos y de los principios morales y éticos nos hacen reflexionar: la captura por venta y tráfico de armas, del Coronel Óscar Alexander Amado, ascendido sin méritos en el 2020, el oficial se venía desempeñando como director de bienestar y familia de la institución.
Eso es lo que actualizamos con los testimonios a medias de Rito Alejo del Río, las imputaciones de 11 ex militares, quienes según la JEP, eran los máximos responsables en la modalidad de liderazgo de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada. Sus nombres son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15). También fueron imputados el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro, excomandante del BISAN.
Ojalá esto nos haga tomar mucho más en serio el proyecto de ley que pretende regular el sistema de ascensos de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, fortaleciendo el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho Internacional humanitario, todo un propósito de depuración a partir de la evaluación de la integridad y la idoneidad para el desempeño de los cargos. Se suspenderían los ascensos de aquellos miembros de la fuerza pública que estén vinculados formalmente a investigaciones o sentencias judiciales en firme en la justicia penal militar y en la justicia ordinaria; o los que hayan faltado a lo valores de la vida, la integridad de las personas o contra los bienes protegidos por el DIH, contra la administración pública o contra los intereses supremos del Estado y de la sociedad.
Amanecerá y veremos, ojalá este proyecto se vuelva ley y de esa forma se amaine la corruptela y el desfile de intereses amañados y corruptos de las mayores instancias que aprueban y dan fe de las personas a las que ascienden, de la Máxima comandancia del Ejército y la Policía, del Ministerio de la Defensa y del mismo Congreso de la República que son capaces de dar fe en muchas ocasiones de los menos probos y que al final y contra todo pronóstico, son los que realmente ascienden.
