Sin pegar un solo ladrillo, un conglomerado empresarial del Huila se quedó con los subsidios destinados para 289 soluciones de vivienda rural en Suaza y Tarqui. Cuando el Banco Agrario liquidó el contrato, descubrió que el saldo en la cuenta era de un millón de pesos.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Increíble. Por lo menos 289 familias de campesinos pobres de Suaza y Tarqui (Huila) se quedaron esperando las soluciones habitacionales, conquistadas durante el paro nacional agrario realizado en el 2013.
Los ocho proyectos de vivienda rural, financiados con aportes del Gobierno Nacional, con recursos locales y regionales, quedaron en cero. Los subsidios y las contrapartidas que sumaron 3.032,58 millones de pesos, se quedaron en los bolsillos de un entramado empresarial del Huila.
Aunque no cumplía con los requisitos, el contrato de gerencia integral 181 (vinculado al Contrato C-GV 2014-106) fue adjudicado por el Banco Agrario al consorcio Givis Huila, del conglomerado empresarial liderado por el contratista huilense Jaime Saavedra Perdomo.
El contrato comprendía el desarrollo de ocho proyectos: cuatro en el municipio de Tarqui y otros cuatro en Suaza para beneficiar con vivienda a 289 hogares campesinos.
El proyecto contemplaba 267 soluciones de vivienda nueva y 22 a mejoramientos de vivienda, contenidos en el llamado ‘Pacto Agrario’, firmado luego de los paros campesinos realizados en el 2013 especialmente en la zona cafetera.
Los proyectos de vivienda fueron priorizados entre 2015 y 2016 en el Pacto Agrario, diseñado por el Ministerio de Agricultura como parte de los acuerdos presionados en las carreras por los labriegos indignados.
El contrato fue perfeccionado el 29 de mayo de 2015. El contratista se comprometía a realizar las funciones de gerencia integral para el desarrollo de los proyectos de vivienda en los dos municipios.
En estas condiciones el consorcio privado administraría los recursos y los subsidios asignados efectivamente a los hogares campesinos beneficiarios en las modalidades de construcción de vivienda nueva y mejoramiento y saneamiento básico en las dos poblaciones, con aportes de las alcaldías y del gobierno seccional.
El plazo de ejecución inicial fue de ocho meses contados a partir de la fecha del primer desembolso, el cual se surtió el 7 de diciembre de 2015.
En desarrollo del Reglamento Operativo del Programa VISR de junio de 2013 y de conformidad con lo pactado en el contrato C-GV2014-106 celebrado con el Banco Agrario, la Gerencia Integral 181 contrató la ejecución de las obras con Prodeco y la interventoría con la Constructora Entorno ambas sociedades de propiedad de Jaime Saavedra.
El contrato fue suspendido entre el 27 de junio al 27 de julio de 2016. Luego fue prorrogado el 6 de septiembre de 2016 por seis meses más, hasta el 7 de marzo de 2017 cuando vencía el plazo legal para entregar las soluciones de vivienda.
El Banco aprobó el primer desembolso de los ocho proyectos. Los recursos fueron girados a una cuenta corriente a nombre de su titular Jaime Saavedra Perdomo. Una vez recibió el dinero se espumó de la cuenta corriente abierta irregularmente. Los proyectos nunca despegaron. Quedaron en cero.
Curiosamente, con las mismas reglas de juego, las empresas que integran el consorcio Givis Huila, con otro nombre firmó varios contratos para proyectos similares en varios municipios de Cundinamarca, en la Costa caribe; en Yopal (Casanare) y en el Meta. Todos terminaron ‘enredados’.
Desembolsos
Según lo confirmó LA NACIÓN, al contratista el Banco Agrario le desembolsó recursos para el desarrollo de los proyectos de vivienda en calidad de Gerencia Integral, por un total de 3.032,58 millones de pesos que desaparecieron como por encanto.
El 7 de diciembre de 2015, recibió 1.992,11 millones de pesos, correspondiente al primer desembolso de cada proyecto por concepto de subsidio de vivienda rural (VISR5).
Por concepto de contrapartida recibió 1.040,46 millones. Los recursos fueron consignados a la cuenta de las entidades oferentes, en diferentes fechas, para cada uno de los proyectos. Sin embargo, el 7 de marzo de 2017, fecha en que venció el plazo de ejecución, la Gerencia Integral contratad con Jaime Saavedra no había entregado informes de avance de obra de las viviendas que conforman los proyectos. “Es decir, el avance físico contractualmente registrado era de cero por ciento, conforme lo indican las comunicaciones del 15 de febrero y 22 de marzo de 2017, suscritas por el Profesional Senior Técnica y Seguimiento a Proyectos del BAC y la segunda por el Gerente de Vivienda y Profesional Universitario -Gestión Jurídica”, reportó la entidad financiera.
Liquidación
El 11 de agosto de 2017, el Banco, ante el incumplimiento procedió a dar por terminado y liquidar unilateralmente el contrato.
La gerencia integral contratada con Saavedra no ejecutó ninguno de los proyectos que componen el contrato, ni atendió los llamados por parte de la supervisión del contrato en cuando a la necesidad de remitir cronogramas de obra y cumplir con compromisos establecidos en los comités de validación. Todas las obligaciones de la gerencia integral fueron incumplidas.
“Se evidenció incumplimiento del objeto contractual por parte del Consorcio Givis Huila y en consecuencia la no satisfacción de la necesidad básica de solución de vivienda para 289 hogares beneficiarios del Subsidio de vivienda de interés social rural”, confirmó Juan Pablo Gutiérrez Alzate, director de Investigaciones de la CGR.
Tire y afloje
Pero no fue fácil iniciar el proceso. Después de un insólito tire y afloje que puso al borde del archivo las investigaciones la Contraloría General de la República abrió finalmente un nuevo proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de 3.032,58 millones de pesos. Las trabas internas impidieron la agilidad en la investigación.
Curiosamente, el proceso estuvo a punto de ser archivado. La desmontada unidad de investigaciones devolvió el expediente por considerar que no estaba plenamente demostrado el daño al patrimonial.
La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras lo remitió el 22 de enero de 2018. Un año después, el 9 de abril de 2019, la antigua Dirección de Investigaciones Fiscales lo devolvió por considerar que no estaba plenamente demostrado el daño al patrimonial.
El 16 de mayo de 2019, la Contraloría Delegada lo remitió nuevamente. El 4 de julio de 2019, la extinta Dirección de Investigaciones Fiscales, lo traslada por competencia a la Unidad de Seguimiento y Auditoría para Regalías. El Delegado Intersectorial lo trasladó a la Delegada para el Sector Gestión Pública y ésta lo rebotó a la Contraloría Delegada para Investigaciones el 20 de agosto de 2019. Y una vez más, ésta por competencia lo remitió a la Dirección de Investigaciones.
Luego de estar rebotando en las diversas dependencias, al final el 15 de septiembre de 2020, la Dirección de Investigaciones decidió avocar el conocimiento y ordenó la apertura de la indagación preliminar. Culminada la diligencia, el Director de Investigaciones 2, mediante Auto No. 00680 de 2021, ordenó el cierre de la indagación preliminar.
El 29 de junio de 2021 determinó que existía mérito para la iniciación del correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Las anomalías
Aunque no pegaron un solo ladrillo, los recursos desaparecieron. Cuando liquidaron el contrato, el saldo en los extractos, no alcanzaba el millón y medio de pesos.
En plata blanca, del total de los recursos girados $3.032.582.643, a 30 de junio de 2016, el saldo disponible en bancos ascendía a un millón 267 mil pesos ($ 1.266. 653), certificado por el banco. (Ver cuadro).
Lo más grave: inexplicablemente se descubrieron deficiencias por parte del Banco Agrario al momento de aprobar el primer desembolso. La Gerencia Integral no cumplía con los requisitos exigidos en el Reglamento Operativo para manejar los recursos provenientes de los subsidios de vivienda campesina. Sin embargo, fueron aprobados.
El Banco Agrario avaló que la cuentas corriente fuera aperturada a nombre de una de las personas jurídicas que integraba el consorcio y no a nombre de la entidad operadora o Gerencia Integral como lo establece el Manual de Procedimientos de Cuentas Corrientes. Además, se permitió que la cuenta fuera abierta y manejada por una persona natural diferente a la facultada para adelantar actuaciones respecto a la ejecución de los proyectos o con firma conjunta de los representantes legales de las personas jurídicas que conforman el consorcio.
LA NACIÓN confirmó que la cuenta fue abierta en Neiva, en la sede principal a nombre de Jaime Saavedra Perdomo como lo certificó la Oficina de Neiva el 27 de agosto de 2015.
Graves omisiones
Y si fuera poco, el Banco Agrario aceptó las actas del Comité de Validación donde se aprobaron los informes de interventoría de los ocho proyectos, conociendo plenamente que las personas que conformaron dichos comités no tenían la delegación para representar a la Gerencia Integral, al Banco Agrario, o al representante legal del municipio de Tarqui, como lo establece el Reglamento Operativo del Programa de Vivienda.
El Banco Agrario aceptó inexplicablemente las actas del Comité de Vigilancia y la Asamblea de Beneficiarios relacionadas con los ocho proyectos, del 11 de julio de 2015 y 12 de julio de 2015 presentadas por la Gerencia Integral, las cuales aparecen suscritas por el representante legal de la firma interventora, William Artunduaga Moreno persona natural, contratado por Saavedra.
El Banco Agrario ni la Gerencia de Vivienda, responsable del programa de Vivienda de Interés Social Rural y la entidad otorgante de los subsidios, no aplicaron oportunamente los mecanismos contractuales previstos; a pesar de los reiterados llamados de atención que se realizaron al contratista por los múltiples incumplimientos.
Inexplicablemente el Banco Agrario no hizo efectivas las cláusulas vigésima segunda, tercera y séptima, sobre los descuentos monetarios por niveles de servicio, tampoco la cláusula penal ni adelantó oportunamente la terminación anticipada del contrato, como le correspondía toda vez que el plazo de ejecución del contrato venció el 7 de marzo de 2017 y la terminación se formalizó el 11 de agosto de 2017.
Implacable
Lo más curioso: el Banco Agrario, implacable con los campesinos que se retrasan en sus obligaciones, según la Contraloría, no legalizó durante la vigencia del contrato los recursos de subsidios desembolsados. Pero además, los recursos de la contrapartida destinados específicamente a financiar la protocolización de títulos, no figuran en las cuentas bancarias. Increíble.
Lo anterior, según la Contraloría, refleja el uso inadecuado de los recursos; denota el incumplimiento de las obligaciones por las partes contratantes y violación a la normativa bancaria, la ausencia de controles en el manejo de las cuentas y las serias deficiencias en la vigilancia de los recursos públicos.
“Los hechos impiden el goce efectivo de las viviendas a 289 beneficiarios del subsidio quienes además están siendo afectados en la medida en que los jefes de hogar permanecen vinculados con beneficio asignado y sin solución de vivienda ejecutada, por la inoportunidad en la administración e inejecución de los proyectos, limitando con ello su posibilidad de ser vinculados a otro proyecto de vivienda de interés social rural”, precisó Gutiérrez Alzate.
El incumplimiento del objeto contractual, cuyo fin esencial era la satisfacción de la necesidad básica de vivienda para 289 hogares campesinos beneficiarios del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, no fue alcanzado, produjo un daño al patrimonio público en cuantía de 2.984 millones de pesos ($2.984.801.674). De éstos 1.992,11 millones de pesos corresponden al primer desembolso; 993,95 millones recursos desembolsados por contrapartida (provenientes de regalías petroleras de la Gobernación del Huila y Alcaldías de Suaza y Tarqui) y 1,2 millones de pesos que quedaron como saldo, según el extracto bancario.
Por la pérdida de estos recursos y las anomalías detectadas en la suscripción y ejecución de los contratos el Banco Agrario formuló la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con radicado 34426 del 22 de noviembre de 2017, sin que hasta el momento, tres años y diez meses después se haya producido algún resultado. ¿Quiénes responderán? (Mañana segunda parte).
