La Contraloría General de la República abrió el juicio fiscal para recuperar $ 2.996 millones girados irregularmente al conglomerado empresarial de Jaime Saavedra Perdomo. También fueron vinculados los funcionarios del Banco Agrario, que pasaron de agache las graves anomalías en el trámite de los subsidios.
RICARDO AREIZA
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Sin haber pegado un solo ladrillo, las empresas del Grupo Saavedra, desaparecieron como por arte de magia 2.996 millones de pesos que entidades oficiales le giraron para ejecutar 289 soluciones de vivienda en zonas campesinas de Suaza y Tarqui.
Las obras debía ejecutarlas el consorcio Givis Huila en virtud del contrato de gerencia integral 181 (vinculado al Contrato C-GV2014-106). Nunca arrancaron pero el dinero se esfumó.
El consorcio estaba integrado por la Cooperativa ‘Creer en lo Nuestro”, creada por Jaime Saavedra y representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda, encargada de la Gerencia Integral. La Cooperativa poseía el 80% de las acciones del consorcio. Como socio minoritario aparecía la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) representada legalmente por Diana Paola Cedeño Chicaiza con una participación accionaria del 20%. Fundecol aparece con varios escándalos en el Huila, entre ellos el descalabrado sendero arqueológico de San Agustín y la pavimentación de la vía Neiva-Tello-Baraya.
En total el consorcio Givis Huila recibió 3.032,58 millones de pesos para entregar en ocho meses 267 casas nuevas y 22 mejoramientos de vivienda campesina en las dos poblaciones huilenses. No pegó un solo ladrillo pero el dinero desapareció.
Giros irregulares
Aunque no cumplía con todos los requisitos exigidos, inexplicablemente el Banco Agrario de Colombia (BAC) le transfirió el 7 de diciembre de 2015 como adelanto el 50% de los subsidios de vivienda que nunca ejecutó.
El primer desembolso ascendió a 1.992,11 millones de pesos provenientes del presupuesto general de la nación (Ministerio de Agricultura). Por concepto de contrapartida recibió 993,95 millones, provenientes de regalías petroleras asignadas a la Gobernación del Huila y a los dos municipios.
Los recursos fueron girados el 20 de noviembre de 2015 y el 7 de abril de 2016. Los dineros fueron consignados a una cuenta corriente cuyo titular era Jaime Saavedra y no las entidades oferentes como era lo correcto. Los dineros volaron.
Según el último extracto bancario, el saldo a 30 de junio de 2016, tres meses después del último giro era sólo de un millón doscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($1.266.653).
El daño patrimonial fue calculado inicialmente en 2.984,80 millones de pesos que corresponden al total de los recursos entregados en administración al Consorcio Givis Huilas – GI 181, por los que tendrán que responder, inicialmente las tres empresas del carrusel.
¿Y las pólizas?
El 11 de agosto de 2017 el Banco Agrario declaró el incumplimiento del objeto contractual y posteriormente declaró la ocurrencia del siniestro asociado a la póliza de cumplimiento particular (BCH-100000841) expedida por la compañía Aseguradora Mundial de Seguros.
Simultáneamente, inició los trámites para el respectivo cobro de la póliza de cumplimiento particular. Hasta la fecha el banco no ha logrado el pago de la póliza.
“Después de varias reuniones, la aseguradora presentó una propuesta económica que no se acerca a la cifra reclamada”, informo el banco.
Las reclamaciones contra la sociedad interventora para hacer efectiva la póliza no se han tramitado. Inexplicablemente no aparecen las pólizas que amparan el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones.
La solicitud de conciliación prejudicial presentada por el banco ante la Procuraduría Judicial 153 de Neiva, no prosperó.
Según el Procurador la solicitud elevada por el Banco Agrario d Colombia no es susceptible de conciliación, por tratarse de una controversia que no es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En concreto, la CGRF infirió dos situaciones: la primera, que a la fecha los proyectos no han sido ejecutados y la segunda, que los dineros girados no han sido recuperados con la reclamación ante la compañía aseguradora.
“El daño patrimonial investigado es anormal, según la Contraloría, porque el Banco Agrario de Colombia giró unos recursos para la construcción de 289 Viviendas de Interés Social Rural en ocho proyectos ubicados en los municipios de Suaza y Tarqui (Huila) y estos no han sido ejecutados por parte de la Gerencia Integral 181.
Además, es cuantificable y actual, porque a la fecha no ha sido restituida la cifra no indexada, estimada en la suma de $2.984.801.674.
Juicio fiscal
Al estar en principio acreditado el detrimento patrimonial, la Dirección de Investigaciones ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
“En el presente proceso, advirtió, se investigará y resolverá sobre la existencia o no de responsabilidad fiscal en relación con los vinculados. En caso de declarárseles responsables fiscales, se les exigirá el resarcimiento del daño producido sobre el patrimonio público.
Para el resarcimiento del patrimonio estatal afectado la Contraloría ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal. La decisión está consignada en el Auto 01038 expedido por la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
¿Quiénes responderán?
Como presuntos responsables fueron vinculadas inicialmente las tres empresas creadas y dirigidas por el entramado empresarial, entre ellas, la Cooperativa ‘Creer en lo Nuestro”, creada y controlada por Jaime Saavedra Perdomo, actualmente representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda, encargada de la Gerencia Integral. La Cooperativa posee el 80% de las acciones del consorcio.
Igualmente la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) representada legalmente por Diana Paola Cedeño Chicaiza. La sociedad aparece como dueña del otro 20% de las acciones del consorcio.
También deberá responder por la pérdida de los dineros públicos la Constructora Entorno SAS, del mismo grupo empresarial, representada legalmente por William Artunduaga Moreno, encargada de la interventoría.
La Constructora Entorno pertenece al mismo conglomerado empresarial, lo mismo que Prodeco (Profesionales en Proyectos y Construcción), cuyo representante legal es Wilson Oyola Polanía, encargado del contrato de obra civil no ejecutado No. 001GI 181 de 26 de agosto de 2015, suscrito con la Gerencia Integral No. 181.
Como ocurrió con otros contratos polémicos, la cooperativa de Saavedra, contrató la interventoría y las obras civiles para la ejecución de las viviendas, con sus propios socios, permitiendo la pérdida de recursos públicos.
La constructora Entorno SAS suscribió con el Consorcio Givis el contrato de Interventoría No. INT001-181 de 26 de agosto de 2015, la entidad del grupo Saavedra, según la Contraloría, comprometió su responsabilidad, toda vez que no obró conforme a las obligaciones y responsabilidades de vigilancia y control que le correspondían como interventor. La sociedad nunca exigió el cumplimiento del contrato.
Lo mismo ocurrió con la sociedad Prodeco, también del grupo Saavedra, encargada de la construcción de los ocho proyectos de vivienda (289 soluciones). La firma suscribió el contrato de obra civil 001G1 181 de 26 de agosto de 2015 suscrito con el consorcio Givis Huila.
Otros vinculados
Adicionalmente, como presuntos responsables fiscales, la Dirección de Investigaciones ordenó la vinculación de los funcionarios del Banco Agrario, encargados de la supervisión y trámites del polémico contrato.
Entre ellos aparece Sergio Agustín Suárez Nieves, en su condición de Gerente Nacional de Vivienda – Dirección Nacional, quien ejerció el cargo, desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 12 de diciembre de 2016. El funcionario, aparentemente, inobservó los procedimientos establecidos y además omitió las acciones oportunas y efectivas frente al incumplimiento del contrato por parte del combo de Saavedra.
El funcionario participó, según el organismo de control, en los hechos generadores del daño al patrimonio público, pues debía garantizar que los desembolsos de los recursos “VISR”, se ajustaran a los procedimientos establecidos. No dirigió ni gestionó acciones oportunas y efectivas frente al incumplimiento del contratista, pretermitiendo así las responsabilidades propias de su cargo.
Igualmente fue vinculado Fabián Guillermo Santos Rubio, en su condición de Gerente Nacional de Vivienda-Dirección Nacional, quien ejerció el cargo, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta el 17 de enero de 2018. Tampoco ejerció actividades efectivas frente a los demostrados incumplimientos del contratista.
También aparece Juan Manuel Bojacá Buche, en su condición de Profesional Senior en Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos – Dirección Nacional Gerencia de Vivienda, quien ejerció el cargo desde el 4 de junio de 2012 hasta el 3 de diciembre de 2015. Como supervisor, validó y autorizó el primer desembolso, por lo tanto participó en los hechos al no asegurar y aplicar los controles adecuados que garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para realizar el correspondiente giro de los subsidios.
Por los mismos hechos fue vinculada Libia Judith Bernal Gutiérrez, supervisora en su condición de Profesional Senior en Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos – Dirección Nacional Gerencia de Vivienda, cargo ejercido desde el 4 de enero de 2016 al 27 de mayo de 2016 y desde el 7 de junio de 2016 al 23 de septiembre de 2016. Como supervisora, no cumplió con su deber de vigilancia y control, omitiendo así las obligaciones propias de un de contrato
Finalmente vinculó como presunto responsable al actual alcalde de San Agustín, Luis Fernando Llanos Pabón, en su condición de Profesional Senior en Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos- Dirección Nacional Gerencia de Vivienda Banco, cargo que ocupó desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 25 de octubre de 2018. También fungió como supervisor del contrato. También omitió las medidas de vigilancia y control.
Por estos hechos, la Procuraduría General adelanta actualmente la investigación disciplinaria. Sin avances.
Adicionalmente, el Banco Agrario formuló la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con radicado 34426 del 22 de noviembre de 2017. Aparece activo pero sin avances.
Otros entuertos
El contrato para ejecutar ocho proyectos de vivienda en Suaza y Tarqui, no han sido los únicos que les fueron adjudicados, ni los únicos en los que quedaron mal.
En la misma época, el 10 de diciembre de 2014, el Banco Agrario suscribió el contrato C-GV2014-017 con la Cooperativa de Profesionales de Colombia (Creer en lo Nuestro) de propiedad de Jaime Saavedra.
La gerencia integral operaría nueve proyecto de Vivienda de Interés Social Rural en los municipios de Arbeláez, Fusagasugá, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania y Venecia en Cundinamarca. Los proyectos beneficiarían a 371 hogares de campesinos de escasos recursos económicos. El plazo de ejecución fue establecido en ocho meses, sin embargo quedó a media marcha y lo poco construido registraba graves fallas estructurales.
El 17 de marzo de 2021, la Dirección de Investigaciones ordenó la apertura de otro proceso de responsabilidad fiscal por las anomalías en la ejecución.
En total, la Cooperativa ‘Creer en lo Nuestro’, encargada de la gerencia integral, debía manejar para estos proyectos en total 7.494 millones de pesos, provenientes de subsidios.
En este caso, se invirtieron las funciones. La Gerencia Integral contrató con la constructora Entorno SAS otra empresa del mismo grupo del señor Saavedra, la ejecución de las viviendas.
Además, le adjudicó la interventoría a Prodeco otra empresa del mismo entramado empresarial, representada en esa época por Carlos Andrés Salamanca, quien figuraba como interventor. Hoy la representa Wilson Oyola Polanía.
La Cooperativa de Saavedra recibió el 90% de los recursos pero la gerencia integral, sólo avanzó el 50% en dos de los siete proyectos que componen el contrato (Pandi Visr 2013 y Arbeláez Visr 2013). Igual ocurrió con otros contratos en varios municipios de Casanare, Meta y en la costa caribe. Las mismas empresas aparecen vinculadas en escandalosos contratos de vías (Neiva-Tello-Baraya), adjudicada al consorcio Viascol, representado por Diana Paola Cedeño Chicaíza (actual gerente de Fundecol).
El contrato 1193 fue adjudicado el 31 de diciembre de 2015, último día de la administración de Carlos Mauricio Iriarte, por valor de $14.953 millones de pesos. Las múltiples observaciones formuladas durante el proceso licitatorio y las falencias reportadas de nada sirvieron.
La demora fue recibir el 40% del anticipo (5.683 millones de pesos). A partir de ese momento comenzó el infierno. Además, aparecen como contratistas en el Anillo Turístico del Sur, adjudicados y contratados durante el gobierno Santos, pero nunca ejecutados. También aparecen vinculados en alimentación escolar, estudios de consultoría, suministros, dotación y en una empresa de aseo y recolección de basuras (como en Pitalito).
