Dos hombres que con engaños, en dos días perpetraron tres secuestros exprés en Neiva, exigieron gruesas sumas de dinero a cambio de dejarlos libres y amenazarlas con matar si no pagaban, fueron condenados no solo a una pena de prisión sino a pagar una multimillonaria suma de dinero.
Se trata de Alejandro Bonilla Perdomo y Fernando Sánchez Rojas, quienes decidieron ‘negociar’ con la Fiscalía Especializada, luego de conocer las pruebas documentales, testimoniales y técnicas en su contra.
El Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, manifestó que se confirmó la participación de los procesados con las declaraciones de sus víctimas y los reconocimientos fotográficos que éstas hicieron. “Hacen una narración pormenorizada sobre la manera en que fueron arrebatados y retenidos, las exigencias económicas que les hicieron, las situaciones que se vivieron durante ese lapso, las llamadas que se hicieron…”.
Bonilla Perdomo y Sánchez Rojas, fueron condenados a 26 años de prisión y una multa 14.389,37 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($13.073.116.768,62), al haber sido encontrados responsables coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y daño en bien ajeno.
Los dos delincuentes hicieron llamadas telefónicas a las familias de las víctimas para que consiguieran el dinero exigido o si no las mataban. “Los resultados obtenidos con las búsquedas selectiva en bases de datos que permitieron establecer por georreferenciación el sitio desde donde los victimarios hicieron las llamadas telefónicas para exigir el pago del dinero para su liberación y quienes eran sus usuarios; con todos los cuales se establecieron las interacciones entre los autores, que demuestran el rol delictivo que cumplió cada uno de ellos”, manifestó el operador judicial.
Agregó que además del análisis de las pruebas y la evidencia física “que ya se han convertido en verdaderas pruebas…se extrae el mínimo probatorio suficiente para lograr desvirtuar el principio de la presunción de inocencia que los amparaba…Adicionalmente, con la categórica aceptación…voluntaria y consciente…mediante la cual admiten su culpabilidad”.
Los secuestros
Bonilla Perdomo y Sánchez Rojas, perpetraron los plagios en dos días del mes de octubre de 2019. El primero se registró el días 10, cuando llamaron a un ornamentador para cotizar trabajos de cerramiento y la división de unas escaleras en un sector ubicado a la salida para al corregimiento de Vegalarga en el oriente de la capital huilense.
La víctima se desplazó en su motocicleta Discovery hacia el sitio indicado, cuando fue interceptado en inmediaciones de colegio Yumaná, por Sánchez Rojas, quien se identificó como miembro de las disidencias de las Farc, se apoderó de la motocicleta, de los documentos, de un celular y de $220.000.
Para atemorizar más a la víctima, Sánchez la comunicó telefónicamente con otra persona que igualmente se identificó como disidente y le exigió 50 millones de pesos “para no asesinarlo, liberarlo, la obligó a llamar a la esposa, contarle que lo tenían retenido y le estaban exigiendo la cantidad de 50 millones de pesos para no asesinarlo”, dijo la Fiscalía.
Horas más tarde el ornamentador fue trasladado en taxi al barrio Oasis, hasta donde llegó Alejandro Bonilla, quien lo continuó reteniendo, advirtiéndole que no fuera a intentar huir porque lo mataría, “pues esa era la orden”.
La víctima fue liberada hacia las cinco de la tarde, con la advertencia de que al día siguiente lo ubicarían para que les entregara los cinco millones de pesos que tenía que darles, a cambio de los 50 millones que le habían pedido primero.
Dos días pues, el 12 de octubre de 2019, los delincuentes escogieron otra víctima y en esta oportunidad fue un maestro de la construcción, lo llamaron por celular para la cotización de trabajos de enchape y construcción que se harían en una finca ubicada también a la salida a Vegalarga.
El hombre se movilizó en su automóvil hasta del hospital del barrio Las Palmas, allí fue abordado por unas personas que se identificaron como disidencias de las Farc, lo trasladaron hasta la vereda Platanillal y le exigieron la suma de 20 millones de pesos para liberarlo, cantidad que luego le rebajaron a 10 millones de pesos.
Horas después los delincuentes llamaron a un hijo de la víctima para negociar la liberación, pero debido al asesoramiento que recibieron por parte de funcionarios del Gaula Militar y del CTI el domingo 13 de octubre a la 1:47 p.m. fue capturado Bonilla frente al barrio Bosques de San Luís.
Ese mismo, día 12 de octubre, los dos sujetos llamaron a un transportador, propietario de un bus escalera, para que les prestara el servicio para movilizar personal durante dos meses en el sector de Vegalarga, por el cual le pagaría la suma de $425.000 diarios.
El hombre consiguió una camioneta y al conductor para hacer ese días el transporte de siete personas, se desplazaron a eso de las tres de la tarde por la vía a Vegalarga y en el sitio conocido como el reservorio fueron abordados por Sánchez, que se identificó como miembro de las disidencias de las Farc y los condujo hasta la vereda Platanillal en donde fueron retenidos hasta el 13 de octubre.
Los victimarios se contactaron telefónicamente con el hijo del transportador y “bajo la amenaza que de no cancelarlos, la orden era la de asesinar a su padre, le exigieron la suma de 10 millones de pesos. Debido a su angustia y a la coacción a través de la empresa Su Chance les giró $700.000”, indicó el fiscal.
Los secuestradores, antes de liberal al transportador, al dueño de la camioneta y el conductor, les ordenaron quemar la camioneta, pues de no hacerlo los asesinarían.
