El Instituto Nacional de Vías suspendió indefinidamente la ejecución del contrato para la terminación del corredor del Paletará. La imposibilidad de ceder la participación del socio inhabilitado, originó la congelación del proyecto.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Increíble. Como se si tratara de una copia exacta, la terminación de las obras de la ruta del Paletará quedaron definitivamente suspendidas, como ocurrió hace once años con el Grupo Nule.
Aunque parezca una extraña coincidencia, el proyecto presentado por el Gobierno Nacional como una de las ‘rutas de la reactivación’ quedó paralizado.
Las obras anunciadas el pasado 26 de julio por la ministra del Transporte Ángela María Orozco Gómez no podrán despegar en el segundo semestre como fue anunciado con bombos y platillos. Ni en lo que resta de este gobierno.
Tras el nuevo escándalo de corrupción en el Ministerio de las Tecnologías el contrato adjudicado al consorcio San Sebastián 064 no podrá ejecutarse por ahora.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) ordenó la suspensión del Contrato No. 1006 de 2021 porque la firma ICM Ingenieros SAS, socia del consorcio San Sebastián 064, aparece como accionista de la Unión Temporal Centros Poblados que se ‘embolsilló’ con trampas 70.243 millones de pesos del anticipo.
La decisión fue confirmada por Diana Karina Angarita Castro, coordinadora de la Gerencia Grandes Proyectos del Invías a la diputada Sandra Milena Hernández Rincón en respuesta a un derecho de petición sobre el futuro del proyecto.
“La declaratoria de caducidad del contrato a Centros Poblados realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones produjo con su ejecutoria, efectos jurídicos como el surgimiento de una inhabilidad sobreviniente”, explicó Angarita Castro.
En el congelador
El contrato por ahora congelado incluía mejoramiento, mantenimiento y gestión predial, social y ambiental de la carretera transversal del Libertador, Popayán-Totoró-Inzá-La Plata, en los departamentos del Huila y Cauca.
Igualmente la rehabilitación y mantenimiento del Corredor del Paletará-Popayán-San José de Isnos-Sombrerillos y la ejecución de las obras de estabilización, mantenimiento, rehabilitación, gestión predial, social y ambiental de la carretera Altamira-Florencia en los departamentos del Huila y Caquetá.
La inversión fue calculada en 349.870 millones para el corredor del Paletará, solución sostenible para el Parque Nacional Puracé que debía terminar en el año 2030.
Solo la pavimentación de la ruta Isnos- Paletará -Popayán, abandonada por el Grupo Nule debía terminar el 31 de julio del año 2022 con una intervención de14 kilómetros con una inversión de 93.790 millones de pesos.
Otro de los contratos adjudicados a ICM, a través del consorcio Vías Cauca, es la construcción del tramo Altamira – Florencia, por valor de 45.000 millones de pesos. Este proyecto sólo tiene el 13% de su ejecución y tuvo un anticipo de17.000 millones de pesos”, Juan Esteban Gil, director del Invías.
La confirmación
“Ante tal panorama, el Invías en cumplimiento del principio de prevención del daño antijurídico que deben observar las entidades estatales en su actuar contractual, identificó que uno de los miembros del Consorcio San Sebastián 064 era la sociedad ICM Ingenieros SAS cuyo porcentaje de participación en la forma asociativa ascendía al 25%”, confirmó la vocera del Invías.
El consorcio San Sebastián 064 está conformado por Alca Ingeniería SAS con 35%; ICM Ingenieros SAS, con una participación del 25%; Ingeniería Transporte y Maquinaría SAS con otro 20% y Horacio Vega Cárdenas con otro 20%.
“Teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas que generó la declaratoria de caducidad para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, el Invías requirió al representante legal del consorcio San Sebastián 064 para que procediera de conformidad”, acotó la coordinadora de Gerencia Grandes Proyectos del Invías.
Es decir, requirió al representante legal del consorcio para que presentara a consideración del Invías la persona natural o jurídica que materializaría la cesión de la participación de la empresa ICM Ingenieros dentro de la estructura plural. Pero no cuajó.
Lo previsto
Según el régimen de contratación estatal si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.
Sin embargo, en momentos en que se tramitaba esa cesión, clave para poder recibir los anticipos e iniciar las obras, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó las medidas cautelares de urgencia, lo que impidió la cesión de la participación del socio inhabilitado, lo que provocó la parálisis del proyecto.
“En ese orden, y en el marco del cumplimiento de la decisión judicial indicada, el Instituto Nacional de Vías (Invías) procedió a la suspensión del contrato Contrato No.1006 de 2021, cuyo objeto es “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor del Paletará”, confirmó la vocera del Invías.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 2694 de 2021.
Hueco financiero
“La idea era buscar el socio estratégico para que asumiera la participación de ICM que es del 25%, pero no lo encontraron cuando se produjo la medida cautelar. Lo mismo que pasó entre Aliadas y Odrebecht para la concesión Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva”, afirmó la diputada Hernández Rincón.
El consorcio tenía plazo hasta el 25 de agosto pasado para realizar la cesión de esa participación, pero no se pudo.
“Sin este 25% de ICM el consorcio San Sebastián tendría un hueco financiero que no alcanzaron a cubrir cuando se produjo la medida cautelar que no sabemos cuánto puede durar, seis meses o seis años y menos cuándo puedan recuperar los 70.000 millones que se perdieron del contrato con Mintic”, afirmó la diputada laboyana.
“Pero además, el consorcio requeriría un socio estratégico que cumpla exactamente los mismos requisitos que tenía el socio inhabilitado ICM, requisitos que difícilmente pueden tener otras empresas. Imagínese el chicharrón”, declaró la diputada Hernández Rincón.
En su opinión, no se encontró en el país, una empresa que cumpliera con todos los requisitos del socio inhabilitado.
“La empresa ICM tiene una trayectoria de más de 20 años de ejecución de obras de infraestructura en el sector transporte con el Invías y muchas otras entidades del Estado”, aseguró el director de la entidad oficial Juan Esteban Gil.
Según la diputada, la única solución es encontrar otro inversionista que asuma ese 25% del capital accionario del consorcio.
“Lo más grave con esta medida no solo se afecta Isnos-Paletará. Impacta todas las obras del corredor del Paletará, la rehabilitación Altamira-Florencia, y hasta los Colegios de la Felicidad. Quedamos en cero. Muy de malas. Esa ruta está salada”.
“Ese es el nivel de corrupción al que hemos llegado, las mismas empresas se rotan los grandes contratos y luego se roban la plata”, subrayó.
Historia calcada
Curiosamente la historia se repite. La empresa Alca (socia del consorcio San Sebastián) vivió la misma experiencia con las empresas del Grupo Nule a las que le adjudicaron la construcción del mismo proyecto hace once años.
El contrato adjudicado al Grupo Nule para la pavimentación de la vía Isnos-Paletará-Popayán costaba $77.589 millones con un plazo de 48 meses. Fecha de inicio: 17 Septiembre de 2009. Fecha de terminación: 17 Septiembre de 2013.
El Contrato No. 0679 de 2009 fue suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unión Temporal Corredores Arteriales, integrado por las empresas del Grupo Nule (MNV SA, Gas Kapital GR S.A) con el 40%; las firma Ingenieros Constructores Gayco SA con el 40% y la firma Suárez y Silva Ltda Ingenieros Contratistas con el 20%.
Adicionalmente, el gobernador de la época Luis Jorge Pajarito Sánchez, aportó otros 33.000 millones de pesos.
Nueve meses después de haber iniciado, estalló el escándalo de corrupción por el carrusel de la Contratación en Bogotá.
El contrato fue caducado en julio de 2010 por incumplimientos en su ejecución.
Ante esta situación Invías cedió automáticamente la participación del Grupo Nule a las firmas Alca Ingeniería y Noarco S.A. El proyecto después de once años sigue inconcluso.
Ahora, con el nuevo escándalo de corrupción en el Ministerio de las Tics con la Unión Temporal Centros Poblados, el contrato también fue caducado y ahora como antes también se pretendía la cesión de la participación de la participación de la empresa socia ICM Ingenieros de Emilio Tapia Aldana, el ‘cerebro ‘del carrusel en Bogotá.
Imposible cesión
“El Invías realizó todos los esfuerzos institucionales de forma oportuna y con celeridad para dar aplicación a los efectos de la nulidad sobreviniente existente en el caso, a la fecha, y de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – no es procedente ni viable la aplicación de la norma en mención”, explicó la funcionaria.
“Por lo anterior, la entidad en cumplimiento de su misión se encuentra a la espera del fallo de la acción popular en mención, y es hasta tal momento, y de acuerdo a lo que decida la autoridad judicial indica, que se podrán adoptar las medidas necesarias y pertinentes sobre el Contrato de Obra No. 1006 de 2021”, precisó Diana Karina Angarita Castro, coordinadora de la Gerencia Grandes Proyectos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares de urgencia contra la Unión Temporal Centros Poblados, sus socios y miembros que la integran.
Además, decretó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, bienes, propiedades, participación accionaria, cuentas por pagar y cobrar que tengan la Unión Temporal, los socios y los miembros que la integran, lo que impide de hecho, cualquier tipo de cesión.
Sobre el particular el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández explicó el alcance de la norma.
“Se trata de evitar en tales casos que el contratista, pese a su situación, prosiga vinculado contractualmente con el Estado, o que el aspirante a serlo continúe tomando parte en los procesos de adjudicación y selección, y ello independientemente de si la persona incurrió en la causal correspondiente por su propia voluntad o por un motivo ajeno o externo a su deseo, puesto que la ley parte del supuesto, enteramente ajustado a la Carta, de que en las aludidas condiciones, de todas maneras, no es posible ya la contratación, por lo cual debe interrumpir (Sentencia C-221 de 1996).
