Andrés Felipe Vanegas, asumirá el cargo el martes de la próxima semana. El funcionario comenzó a diseñar un plan de prioridades para fortalecer la función preventiva y enfrentar la corrupción.
RICARDO AREIZA
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El ex procurador Andrés Felipe Vanegas Mosquera asumirá la próxima semana la Contraloría del Huila para un nuevo periodo que culminará en el 2026.
“Las dudas que ambientaron su elección quedaron despejadas y ahora con total tranquilidad lo vamos a posesionar para un periodo institucional de cuatro años”, anunció el presidente de la Asamblea, Alex Vargas Bedoya.
El funcionario fue elegido el jueves pasado luego de un extenso debate sobre supuestos vicios de legalidad de la convocatoria.
Sin embargo, esclarecido el tema, la corporación procedió a su elección. Vanegas Mosquera obtuvo ocho votos. Los otros cuatro votaron en blanco, argumentando posibles dudas en el proceso final del concurso.
La posesión estaba programada para las ocho de la mañana de hoy martes, pero se aplazó. El propio funcionario solicitó la ampliación del plazo mientras termina la entrega y renuncia de todos los procesos jurídicos que llevaba.
“En estas condiciones decidimos a última hora reprogramar la posesión para el martes de la próxima semana. Por lo tanto, la posesión fue sacada del orden del día”, confirmó Vargas Bedoya.
Gloria Elena Ramírez Meñaca, quien ocupa el cargo en interinidad seguirá al frente de la entidad pero a partir del próximo martes regresará como Jefe de Talento Humano.
Vanegas Mosquera, es abogado de la Universidad Cooperativa, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica. También es especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada y candidato a una maestría en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia.
Prioridades
A partir de la próxima semana el nuevo Contralor del Huila iniciará un plan de auditorías con indicadores de gestión y de desempeño que le permita cumplir con las prioridades que anunció en su propuesta programática.
La primera: fortalecer la función preventiva que asegure la protección del patrimonio púbico y por lo tanto e fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
Además, implementar un sistema de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal en curso y los que se puedan abrir, respetando con estricto rigor los derechos y garantías que le asiste a los sujetos procesales.
Finalmente dinamizar las acciones de cobro de las decisiones proferidas con responsabilidad fiscal, ya ejecutoriadas para garantizar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.
En este mismo escenario Vanegas Mosquera propuso una política interna de capacitación permanente sobre las normas internacionales de auditoría del sector público, diseñar estrategias para mejorar las destrezas y habilidades del talento humano en los nuevos procedimientos de vigilancia, y fundamentalmente, para fortalecer la capacidad de los equipos auditores en el conocimiento altamente calificado del cada sector objeto de control y de cada tipología de gestión fiscal.
En su criterio, la lucha contra la corrupción, no es monopolio de una sola entidad del Estado y por lo tanto, en su periodo habrá colaboración armónica con todos los órganos de control en sus competencias misionales, para establecer mecanismos de cooperación técnica y jurídica.
Vanegas Mosquera anunció ante la Asamblea que el fortalecimiento del equipo auditor se hará con sus funcionarios con amplia experiencia pero que requieren actualización permanente en medios, metodologías probatorias, en el marco de las normas procesales, para identificar zonas de obstrucción y difícil impulso de las investigaciones.
La polémica
Vanegas Mosquera asumirá el cargo a partir del próximo martes, aparentemente, sin ningún inconveniente.
“Las dudas que se presentaron quedaron esclarecidas”, insistió Vargas Bedoya.
En su criterio, las denuncias anónimas sobre una posible inhabilidad quedaron aclaradas. También se despejaron las dudas sobre una supuesta inhabilidad, por tener una relación sentimental con la alcaldesa de Palermo.
“Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas”, explicó Vanegas Mosquera
“Ello quiere decir, que tienen un carácter prohibitivo, y por consiguiente, estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la Ley y su interpretación es restrictiva”, afirmó
En este contexto, dijo, no pueden buscarse analogías o aducirse razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos por el legislador, pues la voluntad de éste no puede ser suplantada, en detrimento de derechos de terceros o de intereses sociales que exigen la sujeción estricta al texto de la ley prohibitiva.
En un concepto que personalmente solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad confirmó esta tesis. Las incompatibilidades, así como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, o para el ejercicio de una función pública deben estar consagradas en forma expresa y clara en el Estatuto General que rige la función pública.
“No estoy inhabilitado, hoy lo reitero con absoluta certeza, no estoy inhabilitado”, subrayó.
La otra duda
Las dudas las generó la aspirante Leidy Yulieth Perea Ramírez, quien reclamó la intervención de la Procuraduría al advertir que, en su caso, la prueba de integridad nunca se aplicó, lo que podría un vicio de legalidad que afectaría el debido proceso.
Por lo tanto, explicó, al ser exigido por la norma que los ternados sean sometidos a una prueba de integridad a cargo del DAFP, esta gestión es de carácter obligatoria y no puede ser obviada, ni suplida.
“Tampoco es jurídicamente viable que se pretenda utilizar pruebas realizadas en otros procesos diferentes al presente, primero, porque la ley ordena de forma textual que éste sea practicado dentro del respectivo proceso”, acotó Perea Ramírez.
Según un documento remitido por la entidad oficial el examen de integridad fue “adecuado” para los ternados. El certificado fue remitido a la Asamblea vía electrónica el 4 de enero de 2022.
Con ese documento, que goza de presunción de legalidad, se convocó a la corporación para terminar el proceso, escuchar a los aspirantes y luego proceder a la elección.
Cuatro de los doce diputados votaron en blanco por las dudas que surgieron durante la fase final del proceso.
Ente ellos estuvo Camilo Ospina, ex presidente de la corporación, quien lideró la primera fase de la convocatoria pública. Lo secundaron las diputadas Sandra Hernández y Tatiana Méndez Ramos y el diputado Helber Yesid Pinzón.
Los cuatro mantuvieron reservas frente a las denuncias que presentó Leidy Yulieth Perea, una de las ternadas.
“Al haber dudas, presuntamente no hubo transparencia”, afirmó la diputada Sandra Hernández.
Las evaluaciones de integridad y rectitud, no tienen puntaje, y sirven para medir los comportamientos que muestran confiabilidad, honestidad y credibilidad del aspirante.
Camilo Ospina solicitó que los documentos y certificaciones que soportaron el debate fueran remitidos a los organismos de control para determinar la legalidad de los mismos.
“Lo que me genera preocupación es que la Función Pública no explicó cuando y donde realizó la prueba, solo a dos de los ternados, sin tener en cuenta la solicitud que hice para que se abstuviera de hacer el examen”, anotó.
Sin embargo, para los ocho diputados que votaron por el contralor, estimaron que este tema también quedó despejado.
“Esta elección fue transparente y clara. Hoy no tengo dudas. Esto me da tranquilidad, no hubo irregularidades, ni impedimentos, Tampoco inhabilidades ni incompatibilidades. Por ley, las inhabilidades son taxativas”, afirmó el diputado Orlando Ibagón.
