La probable intervención de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, para controlar los precios de la energía que se han incrementado de forma preocupante, conlleva una directa acusación a la CREG de no considerar integralmente los aumentos y preocuparse por el factor Comercialización exclusivamente. Así, el gobierno considera asumir estas funciones directamente en el ministerio de minas y energía como ya se ha hecho en otras comisiones. Al mismo tiempo, el gobierno anunció que aumentará los precios de los combustibles por la insostenibilidad del Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles, FEPC, que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) puede acumular un déficit cercano a $34 billones (2.7% del PIB) para final de este año. Si se desmontan estos subsidios, que se justificaron con la pandemia del Coronavirus, aunque vienen de tiempo atrás, el aumento en los precios del galón de gasolina, según XUA Energy citado por La República estaría entre $500 y $700 y los precios del diésel bordearían los $9.400 y $9.600 (precio promedio).
Este siempre ha sido un tema pendiente porque ningún gobierno se ha atrevido a considerar esta eliminación del subsidio por las implicaciones que tiene en los precios de los productos y por su relación con el transporte no solo público sino privado complicado ahora por la mayor presencia de motociclistas y domiciliarios que estarían directamente afectados. Además, el fenómeno inflacionario mundial del que Colombia no es ajena, hacen que esta decisión obligue a analizar conjuntamente todas estas variables.
Lo cierto es que el déficit del FEPC es insostenible y justifica una decisión como la anunciada por el gobierno. Pero los actuales niveles de inflación obligan a aplicar una gradualidad en el aumento de precios fijando un periodo para la eliminación total del FEPC y no como lo sugiere Fendipetróleo al proponer un aumento inmediato total. De otro lado, este fondo se nutre de los contribuyentes al igual que los subsidios por lo que en momentos en que se pide Verdad ante todo, las cosas hay que llamarlas por su nombre.
La intervención de la CREG es más compleja, aunque jurídicamente lo puede hacer. Pero hay otras opciones como el cambio del Índice de Precios al Productor por el Índice de Precios al Consumidor, como lo sugieren expertos, en la fórmula para determinar los aumentos de tarifas sin enviar mensajes que afecten la seguridad jurídica que tanto exigen los inversionistas.
Lo que se prevé es que las tarifas de energía van a bajar y los combustibles van a subir ojalá sin las consecuencias que decisiones similares han provocado con anterioridad. ¿Primera prueba de fuego para el gobierno Petro?
