Las represas están llenas y las tarifas de energía crecen”; “el Huila tiene dos embalses y paga los recibos más caros”. Son comentarios de gente desesperada por tratar de hallar explicación al crecimiento permanente del servicio de la luz. El descontento es de millones de familias en el territorio nacional. El aumento en lo corrido de 2022 ha sido del 30% en muchos municipios.
La controversia estalla en medio de una crítica situación para el bolsillo de los colombianos por la alta inflación; récord en los precios del dólar y el petróleo; una reforma tributaria en trámite; y el anuncio del Gobierno de subir el valor del galón de gasolina.
Para tratar de entender la problemática hay que saber que normalmente en un recibo de energía se paga generación, transmisión, distribución, pérdidas reconocidas, comercialización y restricciones. Es decir, nuestro martirio mensual responde a seis variables que suman los costos de llevar la energía desde el lugar donde se genera hasta el usuario final.
En realidad, las comercializadoras son un eslabón en la cadena, las que ponen la cara, porque el incremento es causado principalmente por las generadoras de energía que han aumentado las utilidades un 105 por ciento el último año. Gozan de un aumento del Índice de Precio al Productor en los ingresos, sin incrementar los costos. En el país son cinco los grandes generadores: Emgesa (Grupo Enel), Isagen, EPM, Celsia y AES Chivor.
Estas empresas concentran el 70 por ciento del mercado y en consecuencia son las grandes beneficiadas con el alza. Venden la energía en contratos bilaterales o en la bolsa de energía, que funciona como la Bolsa de Valores. Es decir, a mayor oferta, menor precio. La oferta está relacionada de forma directa con las lluvias, que garantizan buen caudal en los embalses.
Por todo lo anterior, es urgente encontrar soluciones consensuadas reales y palpables entre los sectores público y privado. Hoy, recibir la factura mensual es pagar necesidades básicas del hogar o exponerse a quedar sin el servicio o a una demanda. Parece que no se piensa si el ciudadano tiene capacidad de pago, sino en utilidades.
Ya se plantean alternativas: el presidente Petro ordenó al Ministerio de Minas asumir funciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) para intervenir el mercado de energía eléctrica. También se propone no cargar más el costo de las pérdidas a la factura del consumidor. Una sobretasa del 3% a sectores corresponsables del incremento de tarifas. Aumentar el porcentaje de las transferencias eléctricas de las hidroeléctricas para ayudar a subsidiar el servicio de los estratos 1 y 2. Personalmente, planteo que las hidroeléctricas, que se quedan con el 60% del pago, y han reportado ganancias por encima de los $11 billones, compartan las ganancias con los usuarios.
Tengo esperanza de que con buena voluntad de las partes comprometidas se pueda moderar el impacto de pago sobre el ingreso del usuario sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los distintos agentes de la cadena. ¡Señores, la energía no es un lujo, es una necesidad prioritaria!
