No habrá nunca argumento o razón alguna para justificar, defender o aprobar la violencia extrema que protagonizó esta semana un grupo de indígenas en las calles del centro de la capital del país.
Las escenas que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales eran infames: policías siendo atacados a garrote por los manifestantes y un vandalismo sin control. Hubo un video que muestra a un uniformado tirado en el piso, boca abajo, recibiendo una golpiza. Hubo otro video en el que se ve a una patrullera de la Policía siendo agredida en una estación de Transmilenio. También hay imágenes que dan muestra de cómo los indígenas empezaron a atacar con palos a varias de las personas que transitaban por la carrera Séptima de Bogotá.
Tanta violencia desmedida llevó a que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá interviniera. La jornada, al final, dejó heridos a 7 gestores de convivencia de la Alcaldía, 11 uniformados de la Policía Nacional, 5 civiles y un funcionario de la Personería.
La gravedad de los disturbios motivó a que cientos de personas salieran en las redes sociales a rechazar la violencia ejercida por los indígenas Embera, que desde hace varios meses permanecen en condiciones infrahumanas en un predio bogotano. La alcaldesa, Claudia López, reconoció: “Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, dijo: “Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”. Pocas horas después, el mandatario recibió en la Casa de Nariño a algunos indígenas y los reconoció “víctimas” del Estado que él representa.
Cualquier acto de violencia debe ser rechazado con total firmeza y sus responsables castigados, o lamentablemente, las vías de hecho se seguirán repitiendo profusamente.