Con tutela al Consejo de Estado, defensa de Álvaro Córdoba busca impedir la extradición

La abogada de Álvaro Córdoba, instauró una acción de tutela ante el Consejo de Estado, con el fin de frenar el proceso de extradición de su defendido. “Se violaron las garantías constitucionales del debido proceso, a la dignidad humana y al principio de legalidad”, dijo.

Redacción Web/LN

En el transcurso de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución que permite la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba. Este hombre es requerido por la justicia norteamericana por el delito de narcotráfico.

Sin embargo, luego de conocer la decisión del ejecutivo, la abogada de Álvaro Córdoba, Ludy Santiago, por medio de un comunicado, indicó que agotará todas las instancias para evitar la extradición de su cliente.

Tras esto, se conoció que fue instaurada ante el Consejo de Estado una acción de tutela “por violación de derechos y garantías en un trámite administrativo de extradición”. “De manera respetuosa me dirijo a Ustedes para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del señor Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, por violación a las garantías constitucionales del debido proceso, a la dignidad humana, al principio de legalidad, y los demás que oficiosamente se establezcan como vulnerados, dentro del trámite de extradición”.

La defensa de Córdoba asegura que ha agotado todos los mecanismos jurídicos procedentes dentro del trámite administrativo de extradición, y por ello acude a la tutela como mecanismo transitorio para evitar lo que califican como “un perjuicio irremediable” al hermano de Piedad Córdoba.

“Respecto del perjuicio irremediable, es importante ahondar en que este debe ser inminente, grave, urgente, impostergable y de gran intensidad. Dicho perjuicio se encuentra demostrado por cuanto de lo que se trata del respeto de las garantías procesales dentro de la actuación cuestionada, pues se ha desatendido el cumplimiento de las debidas formas del juicio y el pleno respeto del principio de legalidad”, argumenta la abogada.

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