“Queremos ofrecerle al país una reforma al Código Penal que le represente más seguridad, en el sentido de disminuir la reincidencia y ofrecer un sistema carcelario más moderno, razonable y ajustado a la sensatez” (Dr. Néstor Ozuna Ministro de Justicia).
En la entrega anterior les hablé sobre la crisis carcelaria, su importancia y la necesidad de que este proyecto de ley vaya acompañado con mensaje de urgencia para ser radicado ante el Congreso de la República, y que de inmediato se ponga en discusión, se ajuste y entre en vigencia una vez sea sancionado por el Presidente Gustavo Petro, pues los ciudadanos no encontramos respaldo alguno de la justicia y cada vez nos sentimos más inseguros debido al precario sistema penitenciario y carcelario del país que no cuenta con políticas públicas ajustadas a procesos de resocialización para delincuentes.
Esta semana por ejemplo, escuchaba en medios de comunicación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, refiriéndose a la reforma, y decía que “al Ministro de Justicia le preocupa más la libertad de un delincuente, que la seguridad de la ciudadanía” y quizás si tenga todo la razón, pues ésta no solo debe ser cambiada en el papel, sino que tiene que venir acompañada de políticas públicas criminales, con un fortalecimiento los aparato de justicia, entre ellas; a la Fiscalía General de la Nación, que evidentemente hoy no tiene la capacidad suficiente para soportar la carga procesal, unos juzgados con más planta de personal para que rápidamente pueda evacuar procesos y darle celeridad, y una Policía Nacional más robusta y preparada, que enfrente a la delincuencia con mano dura y ponga a buen recaudo y de manera legal a quien cometa delitos.
Ahora bien, hablemos sobre los cambios que se podrían implementar, si se aprueba la reforma; uno de ellos y el más polémico es; que el privado de la libertada una vez cumplido el 15% de la pena podrá tener el beneficio de salir durante 72 horas; la segunda medida, va dirigida para quienes cumplan el 40% pues podrían contar con el permiso de estar con sus familias todo un fin de semana y luego reincorporarse a la cárcel, y quizás el más llamativo y que le preocupa a la ciudadanía en general, es el de salir a trabajar en el día y regresar a dormir en la noche nuevamente en sus celdas, beneficio que se daría para aquellos reclusos que hayan pagado un 50% de la condena.
Sin duda alguna una papa caliente no muy fácil de masticar, pues lo que se dice en las calles, es ¿Quién va a controlar que esto se cumpla y el recluso no se fugue? claramente el Inpec no tiene hoy día la capacidad para asegurar esa propuesta del Gobierno, debido a que es una “coladera de delincuentes, un organismo absolutamente escueto, desorganizado y anárquico” como lo ha manifiéstalo el Dr. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien planteó los reparos que tiene ante el borrador del proyecto de reforma al Código Penal, Penitenciario y Carcelario, y que entre otras cosas afirma que el gobierno de Gustavo Petro no solo “peca de ambicioso” sino que además “solamente ha tenido oídos para hablar con los victimarios”.
La discusión está sobre la mesa, se trata de buscar a través del debate, las mejores herramientas para enfrentar este flagelo, porque si queremos tener un país en crecimiento y competitivo, primero hay que organizar el desorden en casa, reciclando lo que ya no utilizamos y consideramos un peligro para el ambiente, para luego de un proceso, darle una segunda oportunidad de uso…
