El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, se opone a la modificación del documento de cooperación celebrado entre la administración departamento, los municipios afectados por la construcción de la represa de El Quimbo, los ministerios de Minas y Energía y Agricultura y Emgesa, hoy Enel Colombia. Advierte que esa modificación “va en detrimento no solo de las familias afectadas, sino del desarrollo socioeconómico de la región”.
Frente al tema de compensación de tierras, a raíz de las afectaciones hechas tras la construcción de la represa de El Quimbo, el gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Dussán López, dejó clara su posición frente a este asunto y contestó algunas preguntas relacionadas con la propuesta de modificación del documento de cooperación celebrado entre la gobernación del Huila, los municipios afectados, los ministerios de Minas y Energía, y Agricultura; y Emgesa S.A. ESP, hoy Enel-Colombia.
Gobernador, ¿En qué consiste la propuesta de modificación del documento de cooperación celebrado entre la Gobernación del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; los Ministerios de Minas y Energía y Agricultura; y EMGESA S.A. ESP hoy Enel – Colombia” del 16 de marzo de 2009?
En primer lugar, hay que decir que desde ese tiempo se hicieron unos compromisos de compensaciones, que debería hacer la empresa Emgesa hoy Enel, en razón a los graves impactos negativos generados en el Huila por la construcción de ese proyecto; impactos ambientales, sociales y económicos que evidentemente se dieron. Para ese fin se firmó un documento que hace parte integral de la licencia ambiental. Lamentablemente los compromisos más importantes no se han cumplido luego de 14 años, pero Enel quiere hacer creer que sí, o que la culpa no es de ellos; pero lo peor es que esto ha sido con la complicidad de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, que es la entidad del Estado competente para hacer cumplir la licencia.
Ahora están usando a una parte de la comunidad afectada (427 familias que son sujetas de la compensación de reasentamiento en las 2.500 Has y que llevan todo ese tiempo engañadas y esperando), haciendo creer que son los beneficiarios de otro compromiso (el de compensación económica del territorio, es decir de las 2.700 Has) que tampoco quieren cumplir, con el argumento de que no existen tierras en los municipios afectados, susceptibles de adecuación con riego por gravedad, lo cual está demostrado que no es cierto, a partir de varios estudios, incluido uno contratado por ellos mismos.
Lo que pretenden con la modificación es no cumplir estos compromisos, entregándole a cambio a estas familias un dinero que claramente dista mucho del valor real de las compensaciones, aprovechándose de su necesidad; pero además tampoco cumplir con la compensación por la pérdida de producción; se inundaron más de 8.000 hectáreas, de las cuales más de 5.000 eran productivas.
¿Por qué expresa usted, de manera enfática, que no firmará la solicitud de modificación No. 03 relacionada con el convenio de cooperación celebrado entre las partes anteriormente mencionadas?
Porque con esa modificación pretenden legitimar sus incumplimientos, lo cual obviamente va en detrimento no solo de las familias afectadas, sino del desarrollo socioeconómico de la región.
Realmente el compromiso de las tierras es de 5.200 hectáreas, de las cuales 2.500 deben ser adquiridas y adecuadas con riego a gravedad por parte de Enel, para la realización de los programas de reubicación y compensación de las familias que deben ser reasentadas, entregándoles 5 hectáreas a cada familia que posea terrenos inferiores a 5 Has o que sin ser propietarias de tierra dependieran económicamente de la zona a inundar (que es el caso de las 427 familias), también entregando el número de hectáreas correspondientes a quienes tuvieran más de 5 hectáreas; y finalmente en la licencia se dice que quienes no estén dispuestas al reasentamiento, se les pagan las tierras, lo que no puede interpretarse como una “compensación en dinero”, pues desde la Ley 56 de 1981 se obliga a la empresa dueña del proyecto a comprar las tierras a inundar, a un precio justo para lo cual la misma Ley establece el mecanismo.
De este compromiso de las 2.500 hectáreas, hasta ahora se ha certificado la compra de 1.514 y la adecuación de 900 hectáreas. Sobre el resto, Enel asegura haber cumplido con el hecho de comprarles tierra a los demás propietarios afectados con la inundación, a través de la figura de “compensación en dinero” que extraen de una equivocada interpretación de la licencia. Para nosotros es claro que la compra de las tierras a los afectados con la inundación es un deber de la empresa, establecido en la Ley, y no una compensación. Es decir que aún faltan cerca de 1.000 hectáreas por comprar y adecuar y cerca de 600 hectáreas más por adecuar (de las ya compradas). Lo faltante por cumplir, debería corresponderles a las 427 familias que son sujetas de compensación por reasentamiento.
Respecto de las 2.700 hectáreas que debe adquirir el Gobierno Nacional y que Enel debe asumir el costo de adecuarlas con riego a gravedad, para desarrollar proyectos de Reforma Agraria en la zona de influencia de la hidroeléctrica, recuperando la actividad productiva y beneficiando a comunidades vulnerables, campesinos sujetos de reforma agraria, tampoco se ha cumplido. El Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) en su momento compró 438 Has, pero Enel no las aceptó al considerarlas no viables para adecuar con riego a gravedad. Y en adelante, Enel sigue asegurando que no existen en la zona de influencia tierras “viables” para ser adecuadas con riego a gravedad (principal sustento de la modificación propuesta); lo cual a nuestro juicio es una excusa inaceptable, pues se ha venido demostrando lo contrario, con base en diversos estudios, entre ellos uno financiado por Enel y realizado por el IICA, otro de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y uno que corresponde al Plan Departamental de Riego, elaborado por la UPRA y la Gobernación del Huila.
Frente a la propuesta presentada, es evidente que el único beneficiario de la modificación proyectada sería Enel, al cambiarse el objeto del compromiso establecido en los numerales 3 y 7 del actual documento de cooperación, tratándose de una de las principales y más significativas obligaciones en materia de inversión y recuperación económica regional, la cual, luego de aproximadamente 14 años de implantación del proyecto no se ha cumplido y por tanto no se ha logrado la compensación puntual por parte de Enel.
Desde que llegamos a la Gobernación le hemos venido reclamando al Gobierno Nacional que haga cumplir los compromisos acordados como compensaciones, pues ese convenio hace parte integral de la licencia ambiental, y es la Nación, a través de la ANLA, quien debe hacer cumplir la licencia; de hecho, al no cumplir deberían darse las sanciones correspondientes, incluso la suspensión de la operación. Hay que aclarar que los incumplimientos son no solo sobre las tierras, sino en otros frentes tan importantes como los ambientales. Lamentablemente no han sido atendidas adecuadamente nuestras solicitudes; este tema lo he abordado directamente con los presidentes Duque y Petro y con los Ministros de ambos gobiernos, hemos enviado documentos claros, se han realizado muchas reuniones. Al final del Gobierno nacional anterior pretendieron que firmara las modificaciones, contestamos formalmente por qué no es posible e hicimos unas propuestas de solución para el tema de las tierras.
Ahora están intentando evadir la firma del Gobernador del Huila para hacer la modificación, la ANLA emitió un auto desconociendo totalmente la Gobernación y ni siquiera fuimos notificados, lo cual es abiertamente ilegal e irregular. Ante esto presentamos inicialmente una solicitud de revocatoria directa. Es claro que los facultados para la firma del mismo son los representantes legales de las Entidades del orden nacional, esto es, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el ministro de Minas y Energía; por el orden departamental, el Gobernador del Huila; por el orden municipal, los alcaldes de los municipios de El Agrado, Tesalia, Garzón, Altamira, Gigante y Paicol y el representante legal de Enel – Colombia S.A ESP. Ahora aparecen suscribiendo el documento de reforma del convenio, personas que no tienen la condición de representantes legales ni se pone de presente acto administrativo de delegación. Adicionalmente y como quiera que no se ha perfeccionado dicha modificación, se hace necesario auscultar la opinión y decisión de los nuevos representantes del Gobierno Nacional.
¿Señor gobernador y ante esta posición del gobierno departamental en cabeza suya, surge alguna propuesta de parte de ustedes, en cuanto a la modificación al documento de cooperación, con el que se pretende viabilizar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de Enel-Colombia?
Por supuesto que sí, en octubre del año pasado le explicamos al Gobierno Nacional las razones por las cuales no firmaría y presentamos una propuesta con tres puntos con los que buscamos mitigar la vulneración permanente de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica de El Quimbo y a su vez unas compensaciones que permitan recuperar, por lo menos en una parte, la pérdida productiva y de empleos que ocasionó la construcción de esa represa.
Como primera medida, frente a la obligación de Enel: “Adecuará con riego por gravedad cinco mil doscientas (5.200) Has, de las cuales, Emgesa S.A. comprará y utilizará 2.500 Has para la realización de los programas de reubicación y compensación de unidades familiares”, teniendo en cuenta que aún existen 427 familias que esperan por compensación y de acuerdo con la ANLA, Enel solo ha comprado 1.514 Has, se propone que el valor correspondiente de adquirir y adecuar con riego las 986 hectáreas restantes, sea utilizado para compensar a estas familias afectadas, lo cual daría un valor de cerca de $85 mil millones (usando como referencia un valor de $30 millones por la compra y $56 millones por la adecuación, de cada hectárea, valor extraído de la Política Nacional de Adecuación de Tierras). Con esto, se podrían adquirir y adecuar tierras o en su defecto, desarrollar diferentes proyectos productivos u otras alternativas de compensación económica que los beneficiarios estén interesados en ejecutar y que han venido planteando. Resultaría entonces una compensación de cerca de $200 millones por familia (y no los $42 millones que hoy les ofrecen).
El segundo punto de la propuesta tiene que ver con la obligación de Enel de “asumir el costo de adecuar 2.700 Has de riego adicionales a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar las 5.200 Has. Proporcionalmente a la pérdida de cada municipio…”. Se propone que el valor de cumplir esta obligación por parte de Enel, se utilice para desarrollar proyectos productivos alternativos a la adecuación de tierras con riego por gravedad, que restablezcan la productividad de los municipios del área de influencia afectados. El monto de recursos económicos aportados por Enel sería de cerca de $151 mil millones (esta cifra resulta de multiplicar 2.700 Has Por el costo de referencia de adecuar una hectárea que es de $56 millones por hectárea)
Y tercero, con respecto a la adquisición de las 2.700 Has a cargo del Gobierno Nacional, se plantea que este compre tierras en todo el departamento para realizar un programa de reforma agraria, obteniendo las hectáreas necesarias para establecer 540 unidades productivas (según la definición de la Unidad Agrícola Familiar UAF) para igual número de familias potencialmente beneficiarias de los programas de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional. El anterior valor resulta de dividir las 2.700 Has acordadas por 5 Has que se definieron en el año 2009 como unidad productiva para cada beneficiario. Podrían hacer parte de éstas, las tierras ya adquiridas por la Nación, estableciendo el número de unidades productivas según la UAF aplicable a esos predios.
¿Y esas propuestas que usted presenta son inmodificables?
No es un tema de si es modificable o no, más bien hay que mirarlo como que es lo mínimo que Enel debe hacer por el Huila, para compensar las afectaciones de la construcción de El Quimbo y además porque es lo más justo para las familias afectadas con este proyecto y para recuperar el desarrollo económico perdido. Estamos dispuestos a revisar propuestas para que junto con el Gobierno Nacional se tomen las decisiones más acertadas, siempre y cuando se garanticen los propósitos de las compensaciones acordadas en su momento.
Es un tema de responsabilidad como mandatario de los huilenses, razón por la cual debo velar por los intereses de nuestro territorio.
