Diez excomandantes del Comando Conjunto Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reconocieron su responsabilidad en una serie de secuestros ocurridos en el centro del país. Esta revelación llega después de que la JEP los imputara por estos crímenes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dado un paso significativo hacia la verdad y la reconciliación al imputar a diez excomandantes del Comando Conjunto Central de las Farc en el caso 01, relacionado con secuestros y toma de rehenes. Estos líderes insurgentes aceptaron su responsabilidad en una serie de crímenes cometidos en las regiones del Tolima, Huila y Quindío.
Reconociendo su responsabilidad
Tras semanas de especulaciones y debates en torno a la imputación de estos exmiembros de las Farc, finalmente decidieron reconocer su participación activa y constante en actos de secuestro y toma de rehenes. A través de una carta dirigida a la opinión pública, los excomandantes expresaron su compromiso con la construcción de la paz en Colombia y su voluntad de cooperar con la JEP en el esclarecimiento de los hechos.
Caso 01 de la JEP
El caso 01 de la JEP se enfoca en las acciones de las Farc relacionadas con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes similares cometidos por la desaparecida guerrilla. Este caso ha sido fundamental para arrojar luz sobre las actividades ilegales de las Farc durante su tiempo de operación en Colombia.
Contribución a la verdad
En la misiva, los excomandantes también destacaron su participación activa en el proceso de construcción de la verdad. Esto incluyó versiones colectivas, jornadas de versiones voluntarias orales y versiones individuales, todo lo cual contribuyó a la expedición del Auto No. 01 de 2023 de la JEP.
Crímenes en varias regiones
Los excomandantes no solo admitieron su participación en actos de secuestro en el Huila, sino que también reconocieron su responsabilidad en casos similares en los municipios del Tolima y Quindío. Este reconocimiento abarca tanto las acciones directas relacionadas con la ejecución de políticas de secuestro como la omisión del deber de controlar y sancionar los malos tratos a los secuestrados durante su cautiverio.
