Tal como lo he dicho en otras columnas, el ‘gobierno’ nacional semanalmente genera hechos que acaparan la atención de la opinión pública. Esta semana debemos hablar de las manifestaciones populares, pero pagas con recursos del tesoro nacional para presionar al Congreso de la República en su labor legislativa (Esto, como para no comentar el posible incumplimiento del acuerdo de colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía General de la Nación a propósito del financiamiento de la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, en 2022).
El hecho de que el ‘gobierno’ nacional financie con recursos públicos las manifestaciones en un intento, casi desesperado, por mostrar algo de respaldo popular después de un año de desgobierno, improvisación, demagogia y pobreza técnica, no es un delito. Sin embargo, si es una falta ética para quienes consideramos que los recursos públicos deben destinarse, según lo dispuesto constitucionalmente, al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Lo cual, debe aclararse, no equivale al cumplimiento de los fines del gobierno.
Financiar manifestaciones con recursos públicos para mostrar algo de respaldo popular es una acción que debería acarrear, por un lado, la apertura de investigación por parte de los entes de control, por el otro, sanción social. Esta última, en virtud de la dimensión ética que mencioné en el párrafo anterior.
En ese mismo sentido, los medios de comunicación, aunque sean tildados de “medios de desinformación” e “instrumentos del poder hegemónico” por parte de los petristas más creyentes y obsecuentes, tienen la obligación de comunicar al país cuanto hecho anómalo se presente en el marco de estas manifestaciones prepago.
Digo “prepago” porque ya han sido varias las revelaciones contractuales en las que la oposición ha logrado evidenciar, vía el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que las asociaciones indígenas y campesinas que apoyan la “Marcha por la vida” (como se ha llamado desde Casa Nariño) han recibido sendos contratos, cuyos objetos resultan tan amplios como la conveniencia del ejecutivo lo requiere para utilizarles mediáticamente (¡Por supuesto, las fotos no podrán faltar! Obviamente, desde los ángulos más favorables).
Espero que las pancartas que se hondearán en la marcha indiquen, aunque sea en letra menuda, “publicidad política pagada”. Pues, no se puede pretender engañar al país de forma tan burda como lo intenta cada vez que puede el ilegitimo Gustavo Petro, a quien, presuntamente, no sólo no le bastó correr las líneas éticas con su equipo de campaña para manipular la opinión del electorado (como lo confesó Guanumen en un Petrovídeo) ni hacer acuerdos con los extraditables de incidencia relevante en los territorios con fines electoreros (como lo confesó Juan Fernando Petro en Los Informantes) ni superar los topes de financiamiento de campaña (como lo confesó Nicolás Petro ante la Fiscalía), sino que también ha recurrido a la alteración del vídeo de su discurso ante la ONU, impostándole los aplausos que recibió la intervención de Biden. Todo esto para mostrar respaldo a su gobierno, lástima que en esta marcha las gran sacrificadas sean las dignidades campesinas e indígenas que parecen haber encontrado comprador.
