La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció la apertura de la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas del macro-caso 11 sobre violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio.
La idea, según la JEP, es determinar los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas para perpetrar esos hechos que horrorizaron al país.
Preliminarmente, la JEP encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. De ellas, el 89,2 por ciento son mujeres y el 35 por ciento sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.
Y hay un dato importante: dentro de esta información recogida por los investigadores de la JEP sobresale que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable.
La JEP tiene claro que “los hechos de violencia de género y por prejuicio se dieron con ocasión del conflicto armado ya que los perpetradores se sirvieron del lugar de dominio que les dio las armas y del ejercicio del poder armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes”.
Es importante ahora que en el marco de este nuevo proceso judicial abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz se promueva la participación de las víctimas en las regiones. Es clave escuchar a las mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas afectadas. Con seguridad, muchas de ellas quieren hablar y ver a sus victimarios rindiendo cuentas.
