Es totalmente injustificable el ingreso a la fuerza que un grupo de indígenas protagonizó el viernes pasado a las instalaciones de la Revista Semana en Bogotá. Una ‘toma’ de semejante naturaleza, además de destrozos en ventanales, provocó pánico entre visitantes y periodistas que se encontraban en la edificación.
“Hay que rechazar con total firmeza lo ocurrido. Dejar muy claro que la violencia contra los medios de comunicación de ninguna manera, en ninguna circunstancia, va a contribuir a la democracia o al cambio social. Tal vez y por suerte en este caso los daños fueron leves, pero eso no demerita lo grave que es haber traspasado el límite que separa el disenso del atropello”, reaccionó el Diario El Tiempo, al referirse a lo ocurrido.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por su parte, expresó que “respeta el derecho a la protesta de los sectores sociales que han sido excluidos históricamente. Sin embargo, la protesta no puede convertirse en una vía de hecho que atente contra el derecho a la libertad de expresión, los derechos fundamentales de otras personas o contra las instalaciones de los medios”.
La ocupación de la Revista Semana es un hecho grave desde cualquier punto de vista porque se da en un contexto de permanentes ataques verbales contra los medios de comunicación, algunos de ellos promovidos desde el gobierno nacional.
Desde esta tribuna en varias oportunidades alertamos sobre la posibilidad de que ese clima de hostilidad contra la prensa y los periodistas se convirtiera en vías de hecho. Y ha ocurrido. Es además la señal de que si persiste la estigmatización contra los medios y sus trabajadores las agresiones van a continuar y probablemente sucedan con resultados de lesiones físicas o pérdida de vidas.
El gobierno nacional y las autoridades del orden departamental y municipal deben evitar poner en riesgo la integridad de los medios, en los que trabajan no solo periodistas sino diagramadores, editores, camarógrafos y personal administrativo y operativo en general.
