Es inaceptable que el municipio de Pitalito, en el sur del Huila, lleve más de dos meses sin el servicio del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Son más de 10.000 niños, niñas y adolescentes los perjudicados al no recibir sus raciones alimentarias.
Tal como lo informó ayer LA NACIÓN, el programa se encuentra suspendido, luego de haberse terminado el contrato del operador que estaba encargado de suministrar los alimentos y complemento a los estudiantes.
El secretario de Educación de Pitalito, Carlos Alberto Marín, ha expuesto que “el contrato terminó en la primera semana del mes de agosto, el 4 de agosto, porque se agotaron los recursos con que contamos”. Y a renglón seguido explicó que la Unidad de Alimentos para Aprender, UApA, desde la ciudad de Bogotá, giró en dos oportunidades recursos para la ejecución del PAE, pero que los primeros se ejecutaron en el primer semestre del año y los segundos llegaron tarde y serán con los que se desarrolle el nuevo contrato. “La UApA ha anunciado en este año dos contribuciones al Programa de Alimentación Escolar, una primera que fue la que se ejecutó hasta el mes de junio aproximadamente, nosotros asumimos las adiciones presupuestales para terminar junio para terminar julio, porque nos habían dicho que nos giraban los recursos y los recursos no llegaron a tiempo, los recursos se demoraron, solo fueron certificados después de la tercera semana del mes de agosto”, fueron sus explicaciones.
Más allá de estos argumentos –válidos o no—, es inconcebible que el PAE tenga este tipo de interrupciones. La alimentación escolar que se brinda en los establecimientos educativos no es una obra de caridad. Se financia con recursos del Estado y busca garantizar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las aulas de clase.
Cualquier declaración para defender más de 60 días sin PAE es inaceptable.
