No deja de sorprender que la “histórica acusación” de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, por ‘Farcpolítica’, haya quedado en el limbo por errores que pudieron haberse evitado. Fue la misma JEP la que le dio esa connotación de “histórica” y lo mostró públicamente como un gran logro en su existencia como tribunal creado tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc.
El señalamiento es grave y es contra el reconocido político caqueteño, Luis Fernando Almario. El dirigente, de origen conservador, es tildado de ser coautor en la comisión de múltiples delitos de lesa humanidad como homicidios, desplazamiento forzado y persecución, presuntamente perpetrados con el Bloque Sur en un supuesto ‘acuerdo de voluntades’ encaminado a la persecución de los integrantes del liberalismo oficialista (turbayismo), que ejercía una hegemonía social y política en el Caquetá.
En esta “alianza criminal” se habrían perpetrado, según la JEP, más de 30 delitos, entre 1993 y 2000, incluyendo secuestros, desplazamiento forzado y múltiples homicidios de los que fueron víctimas dirigentes políticos y líderes sociales del Caquetá. El fin común del supuesto “acuerdo criminal” entre Almario Rojas y las Farc era tomarse el poder político en el Caquetá. Para ello, dependía el uno del otro para asegurar el éxito de su propósito criminal.
De acuerdo con la acusación, Almario Rojas, a través de su grupo político, ocupó los cargos arrebatados al turbayismo y gobernó con apariencia de legalidad, aporte esencial para el éxito de marginar del mapa político a los integrantes y simpatizantes de esa colectividad en beneficio propio y del Bloque Sur de las antiguas Farc.
Semejantes señalamientos hoy están en pausa, luego que se decretara la nulidad de todo lo actuado a partir del traslado del escrito de acusación para garantizar los derechos al debido proceso, defensa y el principio de centralidad de las víctimas. Es poco serio y denota un carácter improvisado que esta clase de hechos no hayan sido tenidos en cuenta por la JEP.
