Al entrar en la recta final las campañas con motivo del debate electoral del próximo 29 de octubre, se hace cada vez más urgente que las autoridades dispongan de las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de los comicios, principalmente, en los municipios en donde grupos ilegalmente armados hacen no solo presencia sino que ejercen dominio territorial.
En el departamento del Huila, es evidente que las disidencias de las Farc están haciendo control territorial en pueblos como Algeciras, Baraya, Íquira, La Plata, Tello, Campoalegre y la zona rural de Neiva, entre otros. Ha habido no solo homicidios selectivos sino ‘carnetización’, extorsiones, desplazamientos y otros hechos que mantienen intranquilos a los pobladores de cara a la contienda electoral en la que se eligen a los próximos gobernantes de la región.
Es obvio que el miedo ronda en estos municipios. Comunidades enteras de varias regiones se han privado de conocer de viva voz las propuestas de los candidatos porque algunos de ellos optaron por evitar hacer desplazamientos. Tristemente, el temor es tal que aceptan resignadamente el clima de zozobra y no lo denuncia en público.
Por eso, con miras al desarrollo de los comicios, es necesario que la Policía, el Ejército y demás organismos de seguridad del Estado dispongan del pie de fuerza necesario para estos días últimos de campaña y para, el día de las elecciones, proteger las regiones en donde se instalen los puestos y mesas de votación.
Como lo hemos alertado en varias oportunidades desde esta tribuna, es el poder local es el que está en juego. Y es obvio que el futuro de las regiones no puede quedar al vaivén de las presiones de los grupos ilegalmente armados. Y la ciudadanía tiene además derecho a que el Estado la proteja de la violencia.
