No pueden pasar desapercibidas las alertas que aparecen consignadas en un informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz, FIP, a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio.
Entre otras cosas, el documento advierte que tras casi siete años de haber iniciado la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y un año después del gobierno de Gustavo Petro, preocupa el deterioro de la seguridad, especialmente para reincorporados y líderes sociales, la lentitud de la indemnización a las víctimas, el estancamiento en la ruta de reparación colectiva, la baja ejecución de recursos en entidades clave para la implementación y el incumplimiento en la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Sobre seguridad, las cifras entregadas son inquietantes: desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y de defensores de derechos humanos asesinados (215), siendo Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo los departamentos con mayor número de víctimas. El Huila figura con tres víctimas mortales.
En materia de atención a exmiembros de las Farc, el informe advierte que “el gobierno nacional aún enfrenta las consecuencias de que la reincorporación haya pasado de un enfoque colectivo a uno individual. Muestra de ello es que, si bien el 82,5% de los firmantes del Acuerdo cuentan con un proyecto productivo desembolsado, los reincorporados en los territorios afirman que muchos de estos proyectos no siempre representan, en la práctica, generación de ingresos”.
Y otro tema para no pasar por alto: La indemnización a las víctimas sigue avanzando muy lentamente, a pesar de las metas ambiciosas del gobierno nacional.
La implementación del Acuerdo de Paz debe continuar en las prioridades de la agenda del gobierno nacional. Pero, es clave que se le agregue una alta dosis de eficiencia a las actividades en las que evidentemente hay rezagos.