Las prohibiciones que los funcionarios públicos tienen en las contiendas electorales son muy claras: tanto la Constitución Política Colombiana como el Código Único Disciplinario, el Código Penal y la Ley de Garantías contienen sendas normas que limitan la participación de mandatarios y sus inmediatos colaboradores en campañas políticas. También está expresamente prohibido presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales. Es más, penalmente, está prohibido “intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política”.
Por eso, no se explica cómo los funcionarios públicos insisten en intervenir en política cuando las normas lo prohíben. Nos referimos así al caso del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, cuya voz en audios interviniendo abiertamente a favor del candidato, Wilker Bautista, es reprochable.
Las palabras de Gorky: “Mi plan es una sola línea: mi plan A es Wilker, mi plan B es Wilker, mi plan C es Wilker…Así es que se gana esto, con estructuras y hemos demostrado que tenemos equipo. Buen equipo. Y que sacamos la máxima votación con un representante como Víctor Andrés que nadie lo conocía…Yo ni idiota que fuera voy a hacer una inversión la hijueputa, porque toca hacerla, y un esfuerzo electoral para ir a perder. Ni idiota que fuera uno. Son idiotas los que creen que uno es bruto…”, entre otras, lesionan la democracia, y de paso, llenan de incertidumbre el cierre de su convulsivo mandato. Su lenguaje y comportamiento parecieron además mostrar la de un hombre desafiante que no tuvo en cuenta la dignidad del cargo al que llegó mediante el respaldo popular en las urnas hace cuatro años.
Como primera autoridad de la ciudad, Gorky Muñoz Calderón ha estado llamado siempre a dar ejemplo en el cumplimiento de las normas.
