Una razonable preocupación ha generado por estos días el lío entre la droguería Cruz Verde y la EPS Sanitas, y no es para menos, ya que tiene en riesgo la entrega de medicamentos e insumos médicos que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud a casi 6 millones de personas en todo el territorio colombiano.
Todo empezó cuando Cruz Verde denunció que Sanitas tenía una cartera vencida por más de 400.000 millones de pesos y que ese monto hacía inviable la operación, por lo que suspendió la entrega de medicamentos no incluidos dentro del antiguo POS para los afiliados a esa EPS. “Cumple por que cumple”, fue, por su parte, la reacción que tuvo el gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Evidentemente, el asunto es complejo y de suma gravedad porque las repercusiones sociales son enormes y se abre además una ventana para que el problema escale a más EPS y otros proveedores. Y así lo ha entendido la Contraloría General de la República que ha decidido poner la lupa en este lío, declarándolo de “impacto nacional”. En ese sentido, el contralor Carlos Mario Zuluaga ha anunciado un equipo de su organismo para que investigue el tema. El objetivo, según él, es “determinar qué ocurrió con las reservas técnicas que debió haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y gestores de servicios médicos” y “obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud”.
Más allá de las diferencias de las partes en este conflicto, es necesario que el gobierno intervenga y evite que millones de colombianos terminen desamparados y se queden sin medicamentos. El Estado no puede hacerse el de la ‘vista gorda’ frente a un problema como estos.
