Escrito por: David Andrés Sánchez Bogotá, jefe de Crédito y Cartera Universidad del Rosario
En búsqueda de la tan anhelada “paz total” el gobierno nacional ha iniciado negociaciones con grupos al margen de la ley, entre los cuales se encuentran el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y los diferentes grupos que emergieron de las “extintas FARC”. La iniciativa, no se pone en tela de juicio, se cuestiona el método y las concesiones otorgadas sin una retribución que proyecte una intensión sólida de avanzar y consolidar algún acuerdo.
Como si el Estado estuviera derrotado, se han entregado prerrogativas entre las que se encuentran la no realización de operaciones militares contra los integrantes de los grupos al margen de la ley que hacen parte de los procesos de negociación, la suspensión de más de 3.000 órdenes de captura que se adelantan en procesos penales por Fiscalía, e incluso, se ha hecho la emisión de directivas a funcionarios públicos, para que en el marco de las negociaciones con el ELN, se utilice lenguaje respetuoso hacia este grupo, tal como lo definió la resolución 194 de 2023 emitida por la Presidencia de la Republica. Cómo si fuera poco, los delitos como el secuestro ahora son considerado retenciones, como si los las secuelas fueran menores con solo asumir una definición diferente.
El más reciente hecho de pasividad ante la ilegalidad se vivió en estos días con la liberación del señor padre del Luis “Lucho” Díaz, a lo cual escribía Petro en su cuenta de X (antes Twitter) “Viva la paz y la libertad”, como si fuera una gran victoria mostrar que un familiar de una figura pública pudiera estar en libertad. Tal parece, que el presidente Petro desconoce que desde su llegada se ha disparado en más de un 80% los delitos asociados al secuestro, acentuado principalmente en aquellas zonas del país en donde los grupos ilegales tienen mayor presencia por las mismas permisiones que se les ha entregado con ocasión de los “diálogos de paz”.
Además del secuestro, delitos como la extorsión, las masacres, ataques a la fuerza pública entre otros, en algunos casos se han incrementado hasta en un 100%, por lo que no se logra una correlación entre los esfuerzos del Gobierno por buscar mantener estables las mesas de negociación, con las muestras de una verdadera paz por parte de los grupos ilegales. No se puede caer en los errores de proceso anteriores como la negociación Pastrana – FARC o Santos FARC, en donde se entregaron zonas de distensión de casi el tamaño de un departamento, tal como ocurrió con “el Caguán”, o la entrega de derechos políticos expresado en curules en el congreso, disminución de penas y procesos de reincorporación a cambio de “verdad” y entrega de bienes para resarcir a las víctimas sin que en la realidad se haya materializado.
La paz es el deseo de todos los colombianos, pero este fin no puede ser el premio para que los grupos ilegales abusen de las prerrogativas entregadas por el Estado en detrimento de los ciudadanos.
