La Defensoría del Pueblo ha puesto nuevamente sobre el tapete una problemática que sigue haciendo ‘carrera’ en el país y de la que hasta ahora no ha habido una política nacional, regional y local fuerte para enfrentarla: la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Las cifras son más que preocupantes. Durante el 2022, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó un total de 25.355 exámenes médico legales por presunto delito sexual. De ellos, el 82,34% correspondió a casos que involucraban a menores de 18 años. A julio de 2023, Medicina Legal ha realizado 13.721 exámenes médico legales, de los que 11.042 se realizaron a niños, niñas y adolescentes, representando el 80,5% del total de los exámenes realizados.
Las cifras oficiales demuestran además que las cabeceras municipales, y en especial las grandes ciudades, reportan una mayor cantidad de casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes que las zonas rurales (que abarcan el 18,1% de los casos).
Y hay un dato inmensamente desolador: los niños y niñas entre los 10 y los 14 años abarcan el 51,7% de las víctimas menores de 18 que fueron sometidos a examen médico por posible delito sexual. Y, en el total de Colombia, incluyendo los adultos, los niños y niñas entre 10 y 14 años corresponden al 41,6% de las víctimas.
Con toda razón, la Defensoría del Pueblo está llamándole la atención a entidades como el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia y la Rama Judicial, entre otras. Es necesario que se desarrolle en el país una gran estrategia de coordinación institucional para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que además involucre el compromiso de las familias colombianas.
La defensa de los niños debe ser integral.