Hace bien la Defensoría del Pueblo en preguntar a la guerrilla del Eln y al autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, actualmente en conversaciones y acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, sobre los secuestrados.
“La coyuntura actual que vive Colombia, particularmente en aquellas regiones donde el conflicto armado interno arrecia, ha llevado a que solicitemos información sobre personas secuestradas a los dos grupos subversivos, máxime que el secuestro violenta los derechos a la integridad y libertad de quienes lo padecen, como también vulnera una serie de derechos de sus familias, inmersas en un ambiente de desespero y pesadumbre”, ha señalado el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Las cifras que maneja la Defensoría sobre el tema y que abarcan mayo de 2020 a diciembre 2023 son las siguientes: Arauca (33 secuestros), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5) y Cauca (5) son los departamentos donde más personas estarían cautiverio; les siguen La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1).
El mismo defensor del Pueblo ha expresado una inquietud adicional: “Aunque hemos recopilado y consolidado información que da cuenta de poco más de 90 personas secuestradas, 69 de ellas en lo que va de este año, existe la posibilidad de un alto subregistro sobre el atroz delito, toda vez que las familias de las víctimas no denuncian debido al temor generado por las represalias de los actores armados al margen de la ley”.
Si los grupos ilegalmente armados están en conversaciones de paz, deben mostrar coherencia en sus acciones y una de ellas es dar cuenta y razón de las personas que tengan en su poder. Liberar a los secuestrados y cesar este tipo de prácticas serían muestras de reconciliación.
