Agradezco a don Jesús Oviedo Pérez, fundador y presidente del Consejo Editorial de La Nación, la invitación para opinar en estas páginas. Desde luego, mis opiniones serán personales y no comprometen al periódico. En tal virtud, me propongo expresar semanalmente mis puntos de vista sobre diversos asuntos nacionales y regionales, bajo mi absoluta responsabilidad e independencia.
Sobre el tema de hoy. Durante el desarrollo de la más reciente campaña electoral a la presidencia de la República, una de las propuestas que me llamó la atención y que no trascendió o no se divulgó como debió ser, fue la planteada por el entonces candidato Federico Gutiérrez, quien sugirió la creación de “un país de regiones”, la cual consiste en la descentralización efectiva y real de la gestión del gobierno nacional, en obligatoria articulación con las administraciones de los territorios. En otras palabras, la propuesta busca priorizar el desarrollo regional a través de la financiación de proyectos y la ejecución de políticas en todas las áreas, y acabar con el odioso centralismo.
Para la consolidación de esta propuesta, sin duda, debe adelantarse una reforma constitucional, a través de cualquiera de las vías, con el fin de darle toda la importancia a la geopolítica de Colombia. Y para sustentarla, es clave enfatizar que nuestro país cuenta con dos mares y tres cordilleras, posición privilegiada que demarca seis regiones: andina, caribe, amazónica, pacífica, orinoquía e insular. Y que la abundancia de recursos naturales que hoy se explotan en distintas regiones y los que aún están sin aprovechar, si bien es cierto pertenecen al Estado, son administrados desde el poder central de manera excluyente, lo cual, en circunstancias como la actual, aquellas regiones en donde están los recursos son excluidas por el gobierno nacional según sus pasiones políticas y sesgos ideológicos. La idea de ‘Fico’ corregirá esta exclusión y fomentará un desarrollo más equitativo y, sobre todo, consensuado con las regiones.
Ahora bien, en materia de seguridad y manejo del orden público y el control o sometimiento de la delincuencia individual u organizada, por el hecho de estar el comando de la Fuerza Pública exclusivamente en cabeza del presidente de la República, no existe posibilidad alguna para que un gobernador o un alcalde, disponga de manera autónoma de los recursos humanos y técnicos de las respectivas instituciones del Estado, militares o policiales, en sus regiones, frente a situaciones especiales como la del narcotráfico, por ejemplo. Los gobernadores y alcaldes, deberían ser en la práctica y de verdad los comandantes del Ejército y de la Policía en sus respectivas jurisdicciones.
Por lo anterior, en medio de la inestabilidad política nacional y, particularmente, en la situación actual, la relevancia de la propuesta de establecer “un país de regiones” se intensifica debido a la falta de respeto del gobierno nacional hacia la provincia. Es evidente que la discriminación está influenciada por los sentimientos ideológicos frente al origen político de los gobernantes en los territorios. Al mismo tiempo que Petro menosprecia a gobernadores y alcaldes que no comparten sus pasiones políticas, castiga a sus territorios. Inconcebible.
