El presidente Gustavo Petro ha advertido en los últimos días que los delincuentes que estén extorsionando desde las cárceles serán trasladados a otros centros de reclusión de mayor seguridad.
El propio mandatario ha reconocido, entre otras cosas, que “la extorsión está siendo dirigida en un 70% desde las cárceles. Allí hay corrupción. Indudablemente, la política que estamos siguiendo es inhibir de comunicación al delincuente que desde la cárcel está generalizando la extorsión en Colombia”. Ha enfatizado que “delincuente que nosotros podamos tener evidencias ciertas de que está ocasionando extorsiones, se va de esa cárcel y va a entrar a cárceles de mayor seguridad”.
Cuando habla de “inhibir de comunicación al delincuente desde la cárcel”, el presidente Petro Urrego se refiere a los bloqueadores de señal, dispositivos que impiden la conexión a llamadas telefónicas, internet y datos. Lamentablemente, varios de estos equipos instalados en inmediaciones de los centros carcelarios del país no funcionan y no se ha hecho nada para repararlos y ponerlos de nuevo al servicio.
Por eso, el anuncio del mandatario de los colombianos cobra relevancia, siempre y cuando se implemente lo más pronto posible y que, adicionalmente, vaya acompañado de un gran plan del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y de todas las autoridades y organismos judiciales para identificar oportunamente a los reos o reclusos que delinquen intramuralmente y tomar acciones ejemplarizantes contra ellos.
La problemática está diagnosticada hace mucho rato, pero a estas alturas lo que se requieren son acciones urgentes porque cada vez son más los huilenses y los colombianos que son intimidados y hostigados desde los centros carcelarios. Quienes han recibido llamadas extorsivas saben del terror y el pánico que ellas generan no sólo en la víctima sino en sus familias.
