Por cuenta de los incendios forestales que han afectado a Bogotá y a otras ciudades grandes, el país ha dirigido esta semana su mirada a una problemática que enfrentan los municipios y departamentos cada vez que hay emergencias derivadas de épocas de sequía o invierno: la desidia a la hora de invertir recursos económicos para la prevención y atención de desastres.
En otras palabras, los mandatarios de turno reducen cada vez más los presupuestos públicos para mejorar unidades bomberiles u organismos de socorro, implementar obras de mitigación de emergencias y fortalecer los programas de prevención.
Se trata de una realidad compleja que viene de tiempo atrás. Como seguramente esta clase de inversiones no les genera réditos políticos o de otra índole, los gobernantes optan por recortar, sin ningún pudor, los recursos dirigidos a la prevención y atención de incendios, inundaciones y otras situaciones de calamidad.
Por eso, por estos días de emergencias por conflagraciones, los colombianos han oído hablar de que no ha habido plata para el mantenimiento de los aviones para apagar incendios, que a los bomberos se les recortó el presupuesto o que los alcaldes aún no suscriben los convenios o contratos para que los cuerpos de bomberos voluntarios de los pueblos funcionen de manera óptima.
El Huila, por supuesto, no escapa a esta realidad y sobre la cual hay que crear una gran conciencia no sólo en las esferas del Estado sino de las comunidades. Los mandatarios, quienes manejan abultados recursos públicos, están llamados a priorizar la prevención y atención de emergencias en sus agendas de gobierno y no esperar a que suceda una tragedia para intentar ‘enmendarla’ con los polémicos y a veces sospechosos decretos de “urgencia manifiesta” o “calamidad pública”, con los cuales pueden contratar a dedo.
Este debe ser además un llamado de atención para la ciudadanía en cuanto a la preservación de los recursos naturales.
