Causan una profunda preocupación las recientes cifras que publicó la Defensoría del Pueblo sobre desplazamiento forzado masivo y confinamiento causados por grupos ilegalmente armados en varias regiones del país.
Según la Defensoría, El año pasado ocurrieron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 de la misma naturaleza.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023. La Defensoría del Pueblo corroboró que los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial.
La duración de los enfrentamientos, que en algunos casos superó un día, y su impacto en la población civil se evidenciaron en repetidas ocasiones, puesto que las familias se vieron afectadas en razón a la cercanía de ese tipo de hechos violentos a las áreas pobladas.
En total fueron 17 los departamentos víctimas de desplazamiento forzado masivo, siendo Nariño el más afectado, con 58 eventos, que impactaron a 9445 familias, integradas por 23.483 personas. Le siguen Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve.
La Defensoría también constató que durante 2023 hubo 215 confinamientos, con una afectación a 18.356 familias, el equivalente a 66.279 personas, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132.
Este panorama deja una vez más de presente la capacidad que tienen hoy las bandas criminales, varias de ellos en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, para causar zozobra y daño en la sociedad colombiana.
Las autoridades deberán en este 2024 hacer un esfuerzo mayor para quitarle poder y dominio territorial a los grupos ilegales. La pregunta es, sin embargo, ¿están dispuestas a hacerlo?
