No es sano para la calma y tranquilidad del país que la cabeza máxima del Estado esté desde sus redes sociales incitando al pueblo colombiano “a la máxima movilización popular” como respuesta a las acciones judiciales y disciplinarias que desde las entidades legítimamente resguardadas por la Constitución Política han tomado contra algunos de sus funcionarios señalados de presuntas irregularidades y hechos de corrupción.
Es equivocado que el presidente Gustavo Petro pretenda sumir al país en un clima de incertidumbre e inestabilidad, en momentos en que hay otras prioridades más urgentes como atacar la inflación, combatir el desempleo y contrarrestar los altos niveles de inseguridad urbana y rural presentes en gran parte del territorio colombiano.
En el año 2021, una convocatoria similar desembocó en bloqueos viales, quema de peajes y unidades policiales, saqueos y ataques contra bienes públicos y privados. Fueron días oscuros los que vivó Colombia y Neiva fue una de las ciudades más afectadas por esa ola de violencia irracional. Además de la zozobra que se apoderó de los huilenses en aquel momento, el hambre y el desempleo se dispararon. La región tardó un buen tiempo en recuperarse.
Es el momento de llamar a la calma y a la reflexión y a propender por el respeto hacia la Constitución y las instituciones del país y el presidente Petro es el primero que debe dar ejemplo de ello.
Cualquier problema debe tramitarse por los conductos legales y expresamente definidos por las leyes. El atajo de la ilegalidad, de la revuelta, de la confrontación y de la violencia, nunca será una opción. Los servidores públicos deben ser ejemplo de rectitud, pulcritud e idoneidad y deben saber que sus acciones están bajo el escrutinio público y que en cualquier momento deben responder por ellas.
