Urge echarle un vistazo urgente a las advertencias que ha hecho la Contraloría General de la República sobre el programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya”: las modificaciones que le hizo el gobierno de Gustavo Petro en las condiciones de su acceso afectó la entrega de subsidios en 2023 y, además, no es consecuente con las características socioeconómicas de la población vulnerable que busca favorecer, que no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero.
El organismo de control analizó tales modificaciones y encontró, por ejemplo, para que una familia pueda acceder a una vivienda VIP, debe tener ingresos de al menos $1.88 millones y pagar una cuota de $741.000 (o $525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa FRECH). Además de eso debe aportar el 20% del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $23,4 millones; lo que, según la Contraloría, resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a un salario mínimo legal vigente.
Para la Contraloría, las modificaciones en el Decreto 490 de 2023 pudieron tener “gran influencia en restringir el número de asignaciones en el programa, lo que no estaría contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada”.
El órgano de control advierte concretamente que los subsidios de Mi Casa Ya en 2023 tuvieron una reducción del 22,4% respecto al año 2022, esto es, en 2023 se asignaron 15.000 subsidios menos que en 2022.
Las advertencias de la Contraloría son dicientes. El gobierno de Gustavo Petro debe ser muy cuidadoso a la hora de ‘meterle mano’ al esquema de asignación de subsidios de vivienda porque cualquier decisión puede poner en riesgo el sector de la construcción, el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.
En razón a que el sector de la construcción es motor de la economía colombiana, el gobierno está llamado es a dirigir todos sus esfuerzos para dinamizarlo.
