La Electrificadora del Huila se encuentra al borde de la quiebra; administrada por funcionarios designados por su junta directiva de 5 miembros principales con sus respectivos suplentes, dos de ellos nombrados por el Ministro de Hacienda, otros dos por el Ministerio de Minas y Energía y el quinto es el Gobernador del Huila o su delegado. Esto en razón a que su composición accionaria pertenece en un 83.05% a la Nación, un 8.24% al Departamento del Huila y un 6.24% al Infibula.
Tanto el gobernador actual como los parlamentarios han expresado su gran preocupación por la situación de la entidad que registra una alta iliquidez cuya cartera morosa con los proveedores supera los $40.000 millones de pesos, los costos financieros crecieron en un 60% en 2020, la utilidad se redujo en un 41% y es posible que en 2023 (aún no se conoce el cierre financiero) se generen pérdidas.
Según el gerente, en 2023 los costos operacionales se incrementaron en un 51%. A esto se suma la alta burocratización de la empresa y los exagerados salarios del staff directivo (23 cargos desde jefes de división hasta el gerente general), quienes ganan entre 23 y 44 millones de pesos mensuales como salario básico.
La politiquería y corrupción son las principales causas de la actual crisis de la empresa. Ella ha sido la joya de la corona para sectores derechistas de los partidos tradicionales del Huila. Cuando el Partido liberal, con el turbayismo a la cabeza, fue una fuerza dominante, se tomó la gerencia de la empresa con personajes como Carlos Alfonso Castro, Jairo Toro y Aldemar Quesada.
Pero con el fortalecimiento del conservatismo la hegemonía pasó a la tendencia del senador Hernán Andrade, quien llevó a la gerencia a Julio Alberto Gómez y Hernando Ruiz. Más recientemente con el auge del uribismo, el Centro Democrático manejado en el Huila por el Senador Ernesto Macías, puso en la dirección de la empresa, primero a Luis Ernesto Luna y luego a Zamir Alonso Bermeo.
Se rumora que la amistad de Macías con Vladimir Fernández, quien hasta hace poco fue secretario Jurídico de la Presidencia, contribuyeron a mantener el actual gerente, a pesar de pertenecer al grupo de Macías, quien todos los días habla en los peores términos del presidente Petro.
Pero este no es el problema esencial; el problema esencial es que esta gerencia está llevando la empresa a la bancarrota, y en esto el gobierno nacional tiene una alta responsabilidad. Intentar descargar las dificultades en los usuarios, elevando el costo del servicio no es una fórmula democrática.
Gobernador y congresistas del Huila, se oponen a la intervención, porque la experiencia es que la mayoría de las empresas oficiales intervenidas terminan siendo liquidadas. Quizá una buena gerencia pueda resolver el problema.
