Lo que empezó como una denuncia que desde el gobierno nacional se quiso ignorar, restar importancia o mirar de soslayo ha terminado convertida en un nuevo y gigante episodio de corrupción que debería avergonzar a todos los colombianos.
Nos estamos refiriendo a los hechos relacionados con la adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en el departamento de La Guajira.
Lo que los organismos de control han encontrado es que hubo un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones (exactamente $7.760´009.410), a partir de un análisis del costo unitario de cada carrotanque nuevo puesto en La Guajira y realizado a partir de cotizaciones obtenidas por un equipo de investigadores de la Contraloría General de la República, el cual determinó que el valor total, sin incluir IVA, de los 40 carrotanques debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS.
La Contraloría evidenció, entre otras cosas, que las tres empresas cotizantes tienen vínculos entre sí, tales como que hay una relación conyugal entre la propietaria de una ellas, Brand SAS, y el representante legal de otra de ellas, Luket SAS, Sandra Liliana Brand Pantoja y Luis Eduardo López Rosero, respectivamente.
También encontró el organismo de control que la empresa adjudicataria Impoamericana Roger SAS era la de menor capacidad entre las tres cotizantes; en su objeto social no estaba incluida la venta de carrotanques y que tenía un escaso capital de trabajo de $207 millones para responder y cumplir por un contrato de $46.800 millones.
Estos hechos dejan muy claro que es necesario que las autoridades en el aspecto penal, disciplinario y fiscal actúen con contundencia. También han dejado claro que ese ‘monstruo de mil cabezas’ llamado corrupción que por décadas ha atormentado al país está lejos de ser acabado.
