Despiertan dudas que los procesos disciplinarios y judiciales contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, estén prácticamente ‘engavetados’. Se trata de señalamientos graves relacionados con corrupción que desde el principio acompañaron su mandato que terminó el 31 de diciembre pasado.
Tal como lo divulgó este diario el domingo pasado, no sólo la revisión por parte del Consejo de Estado al castigo disciplinario que emitió la Procuraduría General de la Nación contra el exmandatario por irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19, sino el proceso penal por similares hechos que lo tuvieron con un pie en la cárcel, permanecen estancados.
En el caso de la sanción disciplinaria, esta fue emitida el 25 de agosto de 2023, cuando la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general de nueve años y seis meses al exmandatario, así como a su jefe de Gestión del Riesgo de la ciudad, Armando Cabrera Rivera, y a los entonces secretarios de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, y de la Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez.
La Procuraduría le cuestionó que en la contratación relacionada con la pandemia hubo no solo sobrecostos sino que “seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”.
Frente al proceso judicial, el exalcalde Muñoz Calderón está señalado de peculado por apropiación, indebida celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El caso no sale aún de la audiencia preparatoria.
En una región como el Huila en donde pululan los casos de corrupción y la ciudadanía está hastiada de que mucha plata termine en los bolsillos de funcionarios corruptos, la justicia debe dar ejemplo de eficiencia y celeridad. Además, cuando hay decisiones rápidas, el culpable es castigado y el inocente tiene la oportunidad de reivindicar su nombre.
