De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, el 2023 fue un año en el que se incrementaron en un 43% los conflictos sociales en el país, en comparación a la vigencia 2022. Y es que, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 2.046 eventos, mientras que, para el año 2022 se registraron 1.427.
Los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos de vías, con el 38%; plantones, 33%; marchas, 11%; disturbios, 6%; paros-ceses de actividades, 5%, y toma de instalaciones, 3%. También en comparación con el 2022, se puede observar que hubo un aumento del 94% en la ocupación o toma de instalaciones, del 62% en los ceses de actividades, del 62% en los bloqueos de vías y del 31% en los plantones y concentraciones.
Tal como se informó esta semana en este diario, aunque el Huila no encabeza el ranking de los departamentos que mayor número de eventos concentraron durante el 2023, sí tuvo una variación significativa del 169%, por debajo de Putumayo (250%) y el Meta (250%). Esto ubicaría al territorio huilense en el tercer puesto en cuanto a la variación existente entre el año 2022 donde se registraron 16 casos y 2023 en el que se evidenciaron 43. Muchas de estas protestas estuvieron asociadas a conflictos laborales, garantía del derecho a la educación, inversión o presencia estatal, prestación de servicios públicos, propiedad de la tierra o vivienda, entre otros.
La ‘explosión’ de conflictos sociales refleja, por un lado, la ‘lluvia’ de conflictos sociales por resolver en los territorios, pero al mismo tiempo, deja muy mal parado al Estado en todas sus escalas.
Es clave que el gobierno nacional y autoridades regionales y municipales hagan un seguimiento a las problemáticas y atiendan con prontitud estas para prevenir su escalamiento. Es obvio que si al reclamo de una comunidad está la atención oportuna del Estado, no habría motivo para salir a las calles a protestar.
