El retén ilegal que esta semana protagonizó un grupo de disidentes de las Farc en plena vía nacional entre Neiva y El Espinal, Tolima, es de una gravedad inmensa. No solo es una afrenta a la seguridad de los huilenses sino un claro desafío que el mismo grupo ilegalmente armado le plantea a la Policía, el Ejército, jueces, fiscales y demás autoridades.
Lo que habíamos visto hasta ahora de parte de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en territorio huilense, eran incursiones esporádicas en vías rurales o en regiones apartadas. El retén ilegal del pasado miércoles primero de mayo, a las 11:30 de la mañana, ha tenido lugar en una carretera que comunica al sur con el centro del país.
El propio reporte de las autoridades generado por las víctimas es que al menos, 8 sujetos, que vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance, detuvieron el tráfico vehicular en el sector cruce de Praga, jurisdicción del municipio de Aipe, muy cerca del Peaje El Patá, localizado en límites entre Huila y Tolima.
Los disidentes –asegura la misma información oficial— se robaron una camioneta, marca Nissan Frontier, color gris, de placas KLY 870, de propiedad de una empresa de insumos agrícolas. Tras los hechos, el escuadrón armado se internó en zona rural de Aipe, en límites con el Tolima. Todo apunta a que los hombres armados eran miembros del ‘Frente Ismael Ruíz’ del Estado Mayor Central como se autodenomina la vertiente de las disidencias de las Farc al mando de ‘Mordisco’.
Esta incursión en plena vía nacional es de una connotación gravísima. De entrada, es una bofetada en la cara a la Novena Brigada del Ejército que tiene a su cargo la seguridad en esta zona limítrofe de Huila y Tolima. Representa además un gran retroceso en episodios de violencia que esta región ya creía superados.
Estos retenes ilegales no se pueden volver a presentar. Permitirlos es abrir la puerta para que vuelvan las ‘pescas milagrosas’ o secuestros masivos que protagonizaba la guerrilla de las Farc a comienzos de la década del 2000.
