Por: Mario Huertas
Si se le mira con la calma que el asunto merece, fácilmente se aprecia que lo viene sucediendo en los últimos días es que el Ejecutivo, o Administración por sobresaltos, ha caído irremediablemente a unos niveles profundos de ilegitimidad. Por ello, debemos:
Primero, apegarnos irrestrictamente a las formas jurídicas. En el marco del Estado de Derecho, la independencia de las ramas de poder político genera un sistema de pesos y contrapesos que se ve reflejado en tanto que el Consejo Nacional Electoral puede adelantar auditorias para establecer si las campañas electorales violaron, o no, los topes electorales de acuerdo al artículo 18 (Sistema de Auditoria) de la ley 996 de 2005; igualmente, la ley 1475 de 2011, en su artículo 26 habla de la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos (cabe anotar que esta ley no hace referencia expresamente al presidente). Ambas leyes desarrollan el artículo 109 de la Constitución. No hacerlo sería un prevaricato cometido por el CNE.
Sin embargo, es la misma Corte Constitucional la que precisa el tema, en la sentencia C-1153/05, afirmando que la pérdida del cargo presidencial solo tendría lugar por afrenta gravísima contra el régimen de financiación de las campañas y no por cualquier irregularidad, en aras de: la proporcionalidad, la razonabilidad y la estabilidad institucional.
Segundo, ser leales con el pretérito nacional. Resulta obvio que después del llamado que hizo Petro a su gente, salieran “personajes históricos” como Iván Márquez a brindarle todo su apoyo. En esto, no hay sorpresa alguna, pero si una alerta por las implicaciones que sus palabras significan para el orden público.
En igual sentido, y refiriéndonos al valor de la prueba testimonial, en tiempos de la parapolítica (cuando Iván Velázquez era magistrado auxiliar) muchos políticos fueron procesados y otros condenados. Tal vez, por la importancia que merece, el proceso más relevante y prolongado en el tiempo ha sido el de Cepeda vs. Uribe en el cual media el testimonio de Salvatore Mancuso en contra del presidente; lo que llama la atención es que ahora sea el comandante máximo del ELN, “Antonio García”, quien afirme que Petro, como Otty Patiño, se vieron beneficiados económicamente de los secuestros que ejecutaron, décadas atrás, en el departamento de Santander.
De inmediato, los petristas línea dura, como Patricia Lara, salieron a defender a Petro y a desestimar los señalamientos de García; pero, abre la compuerta para preguntarse si Lara haría la misma defensa -y en los mismos términos- para desestimar las declaraciones de Mancuso a favor del presidente. Dicho de otra manera: ¿debemos o no, en igualdad de condiciones, creerles a estos “gestores de paz” y “ambientalistas”?
Tercero, valorar inequívocamente la democracia. Resulta inaceptable que los auténticos terroristas sean tenidos como “intelectuales”, “gente de paz”, entre otras, en virtud de la maquinaria propagandística que los ayuda a convertir en verdad una mentira repetida mil veces como también en acusar a los demás de sus propios vicios para esquivarlos. Lo digo porque recientemente, en Cali, Petro se atrevió a señalar al presidente Iván Duque de terrorista por usar la fuerza legítima frente a un ataque terrorista promovido en el marco del “estallido social” y, que, por demás, amenazan en volver a promover. Solo que esta vez, desde la misma Casa de Nariño.
Cuarto, la serenidad como valor republicano. Esta virtud es precisamente todo lo opuesto a lo que Petro promueve y caracteriza; no obstante, esa carta es fundamental para no caer en extremismos que solo conducen a la desaparición de la democracia. Así como en Europa hay una prohibición expresa para los partidos de la extrema derecha, ¿por qué no sucede lo mismo con los partidos socialistas y comunistas aun cuando en materia de crímenes en todo se equiparán?
