Las autoridades deben rápidamente investigar el origen e identificar a los presuntos responsables de las amenazas de muerte que ha denunciado el concejal del municipio de Rivera, Huila, Andrés Alfonso Calderón Bohórquez.
Si bien pululan en la región hechos delictivos supremamente graves, las intimidaciones contra un político de un pueblo no pueden mirarse de soslayo.
De acuerdo con el concejal Calderón Bohórquez, las amenazas serían producto de una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar del Acuerdo 003 y varios decretos que se desprendieron del mismo, con los cuales el año pasado el exalcalde de Rivera, Huila, John Jairo Yepes Perdomo, realizó modificaciones en la estructura de la administración municipal. Fue así como se dieron 15 nombramientos nuevos para ese momento, además de realizarse varios ascensos laborales, aumentar las remuneraciones a ciertos funcionarios de planta; no a todos. También se crearon la subsecretaría de Planeación y dos nuevas secretarías, la de Salud y de Desarrollo Económico y Agricultura.
“A partir de esa demanda es que me llaman a amenazarme y decirme que tengo tres días para retirarla o si no corre riesgo mi vida. El tipo me dice que me retire de eso, que no exponga la integridad, salud y vida de mi mamá. Me dice su ‘mamita’ está muy tranquila en Bogotá, es mejor que esté allá tranquila, no le genere problemas y no se genere problemas usted. Entonces yo lo único que quiero decirle es que trate de solucionar eso, no le advierto más. Y allí me cuelga”, contó el concejal sobre lo ocurrido.
Esta clase de intimidaciones contra un concejal no pueden pasar de agache. La Fiscalía General de la Nación, organismo ante el cual fue radicada esta denuncia penal, está en la obligación de esclarecer los hechos.
