Que una central de inteligencia se desvíe en sus funciones políticas, desnaturaliza la organización pública que detecta amenazas, riesgos y peligros en materia de defensa y seguridad nacional comprometiendo, con ello, directamente la democracia y los intereses del Estado.
Así las cosas, desde que supimos que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quedaba en manos de Carlos Ramón González expresamos, desde este mismo espacio periodístico, nuestra preocupación por una simple analogía histórica. He aquí la explicación:
Durante la administración de la Seguridad Democrática (2002-2010) estalló el caso que la prensa, de ese entonces, llamó DAS-Gate y que la izquierda utilizó para concluir que dicha central de inteligencia estaba infiltrada por el paramilitarismo; como era de esperar, todas las voces amigas de la guerra de guerrillas empezaron a victimizarse. Los moderados y republicanos expresaron su preocupación.
La inquietud radica, entonces, en que así como hace unos años el paramilitarismo infiltró nuestra central de inteligencia (DAS), hoy su organización análoga (DNI) está en manos de un hombre proveniente de la guerrilla del M-19. Sin embargo, el nivel de histeria no fue el mismo por la simple falacia de creer que ser guerrillero es moralmente superior a ser paramilitar aun cuando nadie ignora que ambas expresiones radicales y terroristas, financiadas por el narcotráfico, han atentado (sin diferencia alguna) contra nuestra democracia.
Por lo anterior, el reciente debate del senador David Luna al director de la DNI deja en la opinión pública una serie de dudas que lamentablemente, dada la sensibilidad política del tema, no fueron aclaradas en su totalidad por el bien de la democracia y del mismo Gobierno. El manto de duda queda sobre el DNI y preocupa muchísimo la manera en que la propiedad del senador fue asaltada en diciembre pasado.
Ahora bien, resulta normal que al interior de “la Administración por Sobresaltos” se señalen a gobiernos anteriores de sus propios pecados. Por esta vía, González terminó acusando al gobierno del presidente Duque de haber realizado espionaje a los embajadores de Venezuela y Cuba. Obviamente, no podían pasar de agache las “chuzadas” que en tiempos del DAS tanta histeria produjo en los simpatizantes de la lucha armada o de la combinación de todas las formas de lucha.
En efecto, González negó que “la Administración por Sobresaltos” hiciera seguimientos e interceptaciones ilegales tanto a congresistas, como a oficiales en retiro de las FF.AA. y a periodistas porque, según el hombre del M-19, esta administración no habla de enemigos sino opositores. Pero, gran parte del país sabe que al más mínimo disenso de cualquier disparate gubernamental, ¡como mínimo!, los críticos son declarados como blanco de “los milicianos digitales” cuyas funciones de matoneo a sueldo son tan recurrentes en la política colombiana.
Si los críticos son sometidos a ese maltrato, ¿qué podrá decir la oposición? Tal vez estas palabras del mismo González ayudan a despejar muchos interrogantes: “no descartamos que algún funcionario esté cometiendo delitos”.