Para una empresa, ser competitiva es la capacidad que tiene para hacer las cosas mejor que su competencia, ya sea en términos de producción, costos, calidad, entre otros. La idea, al final, es hacer el negocio más rentable. Y para llegar a ese punto, tiene que identificar qué está pasando, en qué está fallando y qué estrategias va a desarrollar para mejorar. En el caso de una región, ocurre algo similar. Para que una región sea competitiva, tiene que evaluar un conjunto de factores, recursos e instituciones y su incidencia sobre la productividad de la economía. Cuando un departamento es competitivo, ello supone crecimiento a largo plazo y una mayor capacidad para generar un mayor bienestar para hogares y empresas.
El Consejo Privado de Competitividad asegura que progresar en competitividad, en un país como Colombia, implica necesariamente atender de forma integral diversos aspectos sociales y económicos. Garantizar condiciones habilitantes para la población, como el acceso y disponibilidad de infraestructura, o promover un ambiente de negocios que estimule la innovación y la sofisticación del sector productivo se convierten en requisitos indispensables para alcanzar un mayor nivel de desarrollo.
Aquí es clave tener en cuenta que cada departamento es responsable de su propio rumbo por cuenta de las características productivas heterogéneas del país. Esto implica necesariamente un desafío para gobernantes y líderes regionales.
Por eso, es clave que el sector público y el sector privado evalúen, sin mezquindades, los resultados del Índice Departamental de Competitividad publicado esta semana y en el que el Huila empeoró un puesto en competitividad.
Caer del puesto 12 al 13 significa para el Huila un retroceso. Este dato no puede maquillarse ni tratarse con eufemismos. El Huila ha empeorado en competitividad. Y si seguimos así, habrá menos posibilidades de tener una sociedad y economía regional más próspera, equitativa y sostenible.
La competitividad no es un asunto de una sola institución. La competitividad regional es responsabilidad de la Gobernación del Huila, las alcaldías, las autoridades, la Rama Judicial, las universidades y la sociedad civil.