Los medios de comunicación informaron sobre la condena que el Tribunal Superior de Bogotá impuso a dos altos oficiales (r) del Ejército, por la desaparición de Irma Franco, guerrillera del M-19, participante en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Los hechos ocurrieron en la Casa del Florero a donde llevaron a los sobrevivientes de la toma. La mencionada guerrillera, fue vista allí y varios videos confirmaron su presencia, luego no se volvió a saber de ella. A lo anterior se suma la solicitud del mismo Tribunal para abrir una investigación por las torturas a un par de estudiantes de derecho que vieron a Franco en la Casa del Florero, sometidos a dichos suplicios por el solo hecho de estar en el Palacio de Justicia por motivos académicos.
La noticia por si sola es escandalosa, independiente de la eventual responsabilidad de Irma Franco en la toma, lo correcto y lo que ordena la ley, era que la presentaran ante los jueces para su juzgamiento; en ningún caso estaban autorizados los agentes del Estado para desaparecerla. Tampoco es de recibo que hayan sometido a torturas a unos estudiantes por el solo hecho de considerarlos sospechosos.
Pero la verdadera noticia no es la condena, es que después de casi 39 años aún no tengamos claro lo sucedido fuera del Palacio de Justicia, hasta el punto de que seguimos conociendo nuevas condenas con pruebas que desde hace años estaban en manos de los jueces encargados de enjuiciar a los responsables de los hechos.
Aún peor, el alto oficial, general retirado, siguió con su carrera militar sin problema a pesar de varias denuncias por violación de derechos humanos, que entre otras cosas provocaron el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, continuó delinquiendo con la anuencia de sus superiores y del Gobierno.
Hoy hay nuevas interpretaciones y jueces diferentes a los que ejercían esos cargos en la época de los hechos, eso es indiscutible, pero la verdadera noticia es que la justicia haya tardado todo este tiempo para expedir la condena y el Estado colombiano haya permitido que un sujeto con tan graves antecedentes siguiera ejerciendo como oficial del ejército hasta conseguir el grado de general. Los hechos del Palacio de Justicia continúan siendo un cadáver insepulto en la historia de Colombia. Por varios años algunos se han esforzado por ocultar el hedor que expele, pero ha sido imposible, el nauseabundo olor permanecerá mientras el Estado sea incapaz de aplicar la ley y sancionar a quienes en su nombre han actuado como innegables criminales.