Las Fuerzas Armadas de Colombia, cuyo origen estuvo en el ejército libertador que nos dio la independencia de España, pero que, en el proceso de creación de la República, se fue transformando en un ejército al servicio de las élites de terratenientes y grandes comerciantes que dominaron al país, hoy está recuperando su esencia popular y su carácter verdaderamente nacional, al servicio de todos los colombianos.
No fue así cuando los Estados Unidos invadieron Panamá y promovieron su “independencia” en noviembre de 1903, para ellos construir allí el canal entre los dos océanos. Tampoco fue una institución militar popular cuando masacró en Ciénaga (Magdalena) a miles de trabajadores bananeros de la United Fruit Company, los días 5 y 6 de diciembre de 1928. En la violencia de los años 50 del siglo pasado, la Policía se transformó en la “chulavita” para matar liberales.
Durante el Frente Nacional, caracterizado por la represión contra obreros, campesinos y estudiantes, a la institución militar se le dio el deshonroso papel de reprimirlos y condenar los líderes sociales y populares que protestaban por la falta de libertades, a través de la Justicia Penal Militar. También el ejército contribuyó en la creación de los grupos paramilitares autores de tantos crímenes y masacres a finales del siglo pasado y comienzos del presente.
Dos de los peores estigmas que han afectado la institución militar han sido el exterminio contra un partido legal que nació con el propósito de construir la paz como fue la Unión Patriótica, a la que le asesinaron más de 5.000 de sus dirigentes, cuyos autores en la mayoría de los casos, fueron integrantes del aparato armado oficial. El segundo son los mal llamados “Falsos Positivos”, mediante los cuales se reclutaba en ciudades y pueblos a gente humilde e inocente, para llevarla a zonas guerrilleras, donde eran asesinados y después presentados como insurgentes caídos en combate, intentando mostrar que es estaba ganando la guerra y se obtenían canonjías para la alta oficialidad. La justicia tiene registrados más de 6.400 de estos casos.
Con la llegada del actual Gobierno y de Iván Velázquez, abogado especialista en derechos humanos, al Ministerio de Defensa, la situación está cambiando radicalmente. Hoy ya no se acusa al ejército por masacres o asesinatos de civiles. Incluso en zonas campesinas de influencia de las disidencias de las Farc, ha habido asonadas contra los militares y estos han actuado con decoro y serenidad sin generar respuestas militares para la población civil. Esto lo hace un ejército respetuoso del ciudadano al que se debe proteger. Así se gana su aprecio y su apoyo. Regresar a los métodos del pasado como quiere la derecha sería un gran error.