En los mercados, lo más perseguido es el beneficio y de lo que todo mundo huye es del riesgo. Esto resulta lo más natural, inteligente y legítimo, dado que, inversionistas de todo tipo ponen sus excedentes de capital al servicio de otros jugadores que, en cierto momento, tienen déficit.
Una forma a través de la cual ocurre esto es el financiamiento de la deuda pública. Pues, un país se ve obligado a emitir títulos de deuda, principalmente, por el déficit fiscal. Es decir, cuando los ingresos públicos son menores al gasto, el endeudamiento es la alternativa más recurrente. Para ello, los países estructuran operaciones de endeudamiento en las que esperan vender títulos de deuda (bonos) por un monto específico y a buen costo. En este último aspecto, es decir, en el costo de la deuda, es donde encontramos el riesgo soberano.
Como en cualquier operación de fondeo, independientemente de que el potencial deudor sea una persona natural, una empresa o el Estado, la lógica económica impera bajo la siguiente regla: a mayor riesgo, mayor costo. Es decir, la probabilidad de que un agente económico no pague la deuda se ve afectada por su perfil de riesgo, lo cual se traduce en la tasa de interés (costo de la deuda).
Ahora bien, el perfil de riesgo de un acreedor es dinámico, en virtud de que existen variables que con el tiempo pueden hacer que un país, específicamente, sea más riesgoso que otros. Estas observaciones suelen recogerse en las calificaciones de riesgo que agencias especializadas como Standard & Poor’s, Moody’s y FitchRatings, realizan según sus propias metodologías, en las que analizan asuntos económicos, sociales y políticos.
En ese sentido, el nivel de riesgo desde lo económico e explica con ‘drivers’ como el déficit fiscal, la proporción de la deuda respecto del PIB, la carga del servicio de la deuda, el nivel de endeudamiento, la resiliencia del sector empresarial, entre otros.
Socialmente, las calificadoras suelen tener en cuenta que los países no tengan dinámicas convulsas, o que no haya connatos de guerra civil, entre otros.
En el caso político suelen analizarse, principalmente, el respeto a la democracia de parte del ejecutivo, la fortaleza de la institucionalidad pública, la existencia de un sistema de “pesos y contrapesos”, y el respeto a la libertad de prensa, por mencionar algunos.
Así las cosas, conviene mencionar que Moody’s decidió cambiar la perspectiva de la calificación que había proferido del país hace un año, indicando que el nivel de inversión se mantiene (Baa2), pero que la expectativa cambiaba de estable a negativa (igual como lo hizo S&P en enero).
La decisión de Moody’s, según su vicepresidente Renzo Merino, en entrevista con La FM, está soportada en que los inversionistas están dándole mucho peso a la dinámica política (YouTube: “Analista de Moody’s explicó el cambio de perspectiva para Colombia”). Por su parte, MinHacienda publicó el Boletín n° 38 “Moody’s reafirma la calificación crediticia de Colombia en Baa2” asegurando que la decisión de la calificadora fue “debido a las condiciones macroeconómicas retadoras que enfrenta el país que pueden impactar la consolidación fiscal, la tendencia de crecimiento, y el costo de endeudamiento” (Página web del ministerio: Prensa – Boletines y Comunicados).
Entonces, a cargo del lector quedarán las conclusiones, teniendo en cuenta que las prácticas del gobierno definen, en gran parte, la dinámica de sus relaciones políticas con la ciudadanía, los mercados, y la oposición, entre otros agentes.
