A dos exalcaldes del Huila y uno del Cauca, la Procuraduría Provincial de Instrucción Garzón les profirió pliego de cargos por presunto incumplimiento a la ley. Al parecer hubo omisión en sus funciones durante el año 2022 bajo el no cumplimiento de lo establecido en la ley de protección del medio ambiente. El exmandatario de Gigante, César Germán Roa Trujillo, se defiende.
Johan Eduardo Rojas López
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Tres exalcaldes, dos del Huila y uno del Cauca, están siendo investigados por presunto incumpliendo al artículo 111 de la ley 99 de 1993 y demás normas concordantes, sobre la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales, declarándolas como áreas de interés público y de importancia estratégica.
Es decir, que los exmandatarios de los municipios de Gigante, El Pital y Páez habrían presentado inoperancia de las normas de control y seguimiento en materia ambiental dado que no adelantaron las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición, preservación y mantenimiento de conservación de recursos hídricos.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los tres exalcaldes por una aparente omisión en sus funciones durante el año 2022 bajo el no cumplimiento de lo establecido en la ley de protección del medio ambiente.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la supuesta conducta de los tres exmandatarios locales, Hugo Ferney Casanova Nipi, exalcalde de El Pital; César Germán Roa Trujillo, exmandatario de Gigante; y Dubán Arbey Velasco Velasco, exburgomaestre de Páez, en Cauca, como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Contexto
Esto se da luego de un oficio de la Contraloría Departamental del Huila, que remitió un hallazgo con presunta incidencia administrativa y disciplinaria, detectado en el marco de la auditoría de cumplimiento “Evaluación ambiental sobre inversión ambiental en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de los municipios … vigencia 2022”.
Seguidamente mediante auto del 14 de febrero de 2024, la Procuraduría Provincial de Instrucción Garzón, dio inicio a una investigación disciplinaria en contra de los exmandatarios para el periodo 2020 – 2023. El 7 de mayo de la vigencia en curso, se dispuso el cierre de la investigación y se ordenó correr traslado a los investigados para que presentaran los alegatos precalificatorios y, de allí, con los hechos analizados y la documentación recaudada se concluyó procedente continuar con las diligencias disciplinarias en contra de los ex servidores públicos.
Dinero no invertido
Para el caso del exmandatario de Gigante, César Germán Roa Trujillo, como operador del gasto, presuntamente incumplió el deber legal al no invertir en la vigencia 2022 la suma de $42.074.534, debido a que el valor de los ingresos corrientes para ese año ascendió a la suma de $4.207.453.473, mientras que, Hugo Ferney Casanova Nipi, exalcalde de El Pital, dejó de invertir durante esa vigencia la suma de $24.394.800, para tal fin, cuando tuvo ingresos corrientes por un valor de $2.439.480.000.
Esto daría un total de $66.469,334 no invertidos para la adquisición, y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten agua a los acueductos municipales y para financiar esquemas de pago por servicios ambientales, en estos dos municipios del Huila. Ahora bien, si se agrega la no inversión del exalcalde del Cauca, esa cifra ascendería a $100 millones.
Es por esta razón que, según el órgano de control, los exmandatarios habrían transgredido varias normas que les fueron otorgadas con las dignidades que asumieron dado que el deber funcional que les asistía era invertir ese 1% de ingresos corrientes en pro de la protección de las fuentes hídricas. Y al no hacerlo incurrieron en afectación a la función pública.
“Es decir que, con su presunta omisión al deber funcional, no solo pudo desconocer la ley, sino que traería aparejado un comportamiento contrario a los fines del Estado, como es el de servir a la comunidad, en pro de mejorar su bienestar social, y de paso sea dicho, la calidad de vida. Fines que se ven menguados con comportamientos como el aquí censurado”, se lee en el documento expedido por la Procuraduría Provincial de Instrucción Garzón, que además da luces de que la modalidad de conducta presuntamente desplegada por los disciplinados se realizó por omisión.
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Sí hay responsabilidad: Culpa grave
Y es que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura de ambos municipios en certificados del 12 y 19 de marzo de 2024, Gigante y El Pital, “durante el período correspondiente al año 2022, no adquirieron ni compraron predios destinados a la conservación de recursos hídricos que surten agua a los acueductos municipales, ni realizaron inversiones para licenciar esquemas de pago por servicios ambientales”.
De las pruebas relacionadas, la posición jurídica de la entidad señala que es viable concluir que surge una presunta responsabilidad en cabeza de los ex mandatarios locales, respecto de la comisión de los hechos investigados, con la advertencia de que “dentro del acervo probatorio no se vislumbran causales excluyentes de responsabilidad, que permitan desvirtuar la irregular advertida”.
Esto significa que hasta ahora su conducta “no está desprovista de ilicitud sustancial, entendida ésta como la infracción de un deber sin justificación alguna por la ausencia de obediencia”, pues las normas disciplinarias persiguen el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos bajo el objetivo positivo de la administración pública.
En ese sentido, supuestamente no dieron cumplimiento a las funciones propias de sus cargos dado que el manejo y control de la inversión de los recursos destinados para tal fin, estaban “en sus manos”. Además, no actuaron acorde a la Constitución y la ley, no garantizaron una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Todo lo anterior, hace que la Provincial considere la imputación de la falta cometida a título de ‘culpa grave’.
Exalcalde de Gigante se defiende
Tras los alegatos dado por el apoderado de Roa Trujillo, Helber Mauricio Sandoval Cumbe, el despacho dijo no poder pasar por alto que el abogado pretende fundar la defensa de su representado en actuaciones (contrato de consultoría 277 del 14 de agosto de 2023) realizadas en una vigencia posterior a la de la ocurrencia de los hechos, es decir, con actuaciones realizadas en el 2023.
Por otra parte, el experto en derecho indicó que para adquirir los inmuebles identificados en el marco del contrato de consultoría, el exalcalde necesitaba la autorización del Concejo Municipal de Gigante, por lo que se gestionó la iniciativa mediante el proyecto de acuerdo 026 de 2022 “Por medio del cual se autoriza al señor alcalde de Gigante Huila para la compra y adquisición de predios de interés hídrico en zonas de reserva y bosque protector”, el cual recibió ponencia negativa en primer debate en la Comisión Segunda realizada el 24 de noviembre de 2022. De allí que, para ellos “el incumplimiento de las inversiones estuvo sustentado en un evento constitutivo de caso fortuito, originado en un tercero”.
Sin embargo, esta justificación no cabe en este contexto dado que, según el Auto IUS E-2024 – 102095, el entonces alcalde conociendo que era posible que su proyecto no fuera aprobado, “esperó once meses para presentarlo, dejando poco margen para lograr su aprobación en forma posterior”.
Además, no cabe la exclusión de responsabilidad presentada por el apoderado debido a que “la no aprobación del proyecto de acuerdo 026 de 2022 no era imprevisible ni irresistible” ya que, dentro de las circunstancias normales del trámite normal del proyecto, era posible que no fuera aprobado.
“La Procuraduría no tuvo en cuenta eso”
“En el 2022 el Concejo Municipal nos negó las facultades porque en Gigante para que el Alcalde pueda comprar predios debe tener autorización de la corporación y, por eso, ese año no pudimos comprar. Pero en el 2023 compramos $700 millones en predios, más unas donaciones que nos hicieron en predios, entonces hicimos algo histórico. Lamentablemente la Procuraduría de Garzón no tuvo en cuenta eso y no sabemos por qué tomó esa decisión. La presentación del proyecto en noviembre no tuvo nada que ver porque normalmente cuando uno ya tiene todo el avalúo y la negociación, es que solicita las facultades”, dijo el exalcalde César Germán Roa Trujillo, en diálogo con LA NACIÓN.
Dicho esto, mencionó que fue desafortunado el hecho de que en el 2022 no se pudiera cumplir con ese aspecto, empero para el año siguiente superaron esa meta del Plan de Desarrollo. Con esto, básicamente estaría dejando entrever que, presuntamente los responsables serían los cabildantes que para ese momento no aprobaron el proyecto de acuerdo, contrario a lo que piensa el organismo de control, toda vez que, el ordenador del gasto es el Alcalde Municipal.
“Esperamos que ahora nos escuchen y nos den la razón. Nosotros estamos muy tranquilos porque tenemos todos esos argumentos para que nos exoneren de esa decisión disciplinaria. En el tema ambiental tenemos una satisfacción muy grande no solamente por la compra de predios en zona de protección forestal, sino por otras acciones que realizamos”, concluyó Roa Trujillo.
LA NACIÓN, buscó en repetidas ocasiones a Hugo Ferney Casanova Nipi, exalcalde de El Pital, pero infortunadamente no hubo respuesta.
