Según la Constitución, “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades descentralizadas, democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, declara la Carta Constitucional de 1991.
Y agrega: … “son ramas del poder público, la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial”. Poderes creados y ordenados por la Constitución, para los órganos de poder institucionales, ejerzan poder y gobiernen en nombre y representación del pueblo en general. Estamos lejos de ese ideal. Lo que se ha forjado es un debacle institucional y político, que impide el desarrollo nacional integral.
A los dueños y usufructuarios del poder, no les conviene el espíritu constitucional aprobado en 1991. El texto original ha padecido más de 42 modificaciones. No para mejorarlo, sino para acomodarlo a las conveniencias del poder político y económico. Los contenidos constitucionales, son interpretados, tergiversados y explotados, por los dueños y usufructuarios del poder político y económico, exclusivamente, para proteger sus privilegios y objetivos.
Objetivos confesos del uribismo, la derecha y extrema derecha, los gremios económicos y sus secuaces, contra lo que impida la satisfacción de sus perversas metas, entre otros, las interpretación y uso de los mismos contenidos básicos de la Constitución y resultados en las altas cortes cuando deciden en derecho, en particular la JEP, porque les altera el negocio de la impunidad, etc.
Esos privilegios devenidos y por conveniencia consolidados, desde los tiempos de la colonia, no responden al interés general, ni a la dignidad humana. Como consecuencia de ello, Colombia es la más desigual, en la región y sexta en el planeta, azotada por dramáticos niveles de criminalidad, pobreza, miseria, corrupción, inmoralidad y atraso secular del desarrollo en general.
Con esa mentalidad, dizque un Nobel de economía, recomendó bajar el salario mínimo y los áulicos y secuaces del gobierno Duque-Uribe y los gremios económicos lo celebraron.
El poder ejecutivo, rota entre tácitos o celebrados consorcios de familias o secuaces usufructuarios del poder. La meritocracia es letra muerta. Si no ocurriera exactamente así, Colombia sería un país desarrollado y próspero, después de más de 200 años de independencia y “democracia” (corrupta).
La rama judicial es presa fácil, de la inmoralidad y la politiquería, a través de la designación de sus servidores, de la corrupción administrativa y de sus funcionarios, de la presión de los delincuentes de cuello blanco y del contenido, alcance e interpretación de las leyes que tiene que acatar y administrar, cortes, Fiscalía, Procuraduría, jueces, gobernadores, alcaldes y empresarios.
Las leyes son analizadas, debatidas y aprobadas por el Legislativo. Generalmente de iniciativa del Ejecutivo y concertadas con representantes del poder económico y políticos y hasta delincuentes. El pueblo raso (más del 90% de la población), no cuenta para ello. Las consecuencias están de bulto: Ascensos militares cuestionados, elección de corruptos y mediocres en cargos de decisión y control, procesos judiciales estancados debido a maniobras de los acusados y testigos, contratación pública convertida en vena rota del fisco, impunidad garantizada, etc.
Es fiel reflejo de la precaria institucionalidad y laxitud del ordenamiento legal. Son improntas precisas de una caricatura de democracia. La rama legislativa, que debe desarrollar la Carta Política y consolidarla en la práctica, imprimirle carácter democrático a las leyes y el poder, hacer el control político al gobierno, a través del análisis de proyectos y valoración de las demandas y necesidades de sus representados, está convertido en la cueva de rolando.
En muchos casos, la politiquería y el poder económico, infiltraron y negociaron con las organizaciones criminales (narcoparamilitares), bajo el expediente de refundar el país. Esta fatal realidad nacional, se mantienen y a diario se prueba, con las investigaciones, juicios y condenas, que han tenido que afrontar más de 160 congresistas y ex –congresistas, magistrados, jueces, burócratas, militares y exmilitares, delincuentes de cuello blanco fungiendo de paramilitarares, en muchos casos protegidos por el mismo poder público y económico.
Lo que hay que cambiar es el Régimen, predicaba Álvaro Gómez Hurtado y el Régimen decidió liquidarlo. Otro político, aspirante a la Presidencia, concluyó: “las élites políticas colombianas, convirtieron la administración pública en un botín que se lo reparten en pedazos”, no era de izquierda. Era dizque liberal. Y terminó sacrificado.
El actual jefe del poder ejecutivo, la derecha y gremios económicos lo consideran de izquierda. No parece tanto. Las reformas que ha sometido a aprobación del congreso, distan de lo que deben ser y de lo que demanda Colombia y su pueblo. No obstante, la oposición política, con el uribismo a la cabeza, en el juego de oposición política, quieren impedirlas, a como dé lugar.
Y produce hilaridad que, otros órganos de poder, parece hicieran equipo con la derecha, extrema derecha y uribismo, para boicotear, el ejercicio del poder del actual gobierno. Es lo que se puede inferir de la información que entregó el Sr. Representante Alirio Uribe, en la presente semana, relativos a decisiones, de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Mediante 34 sentencias, la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad importantes reformas, y el Consejo de Estado, ha impedido o desconocido 11 decisiones del ejecutivo.
Con la institucionalidad vigente, el Régimen se blinda a través decisiones de las cortes y el Consejo de Estado. Pero aún así, con el imperio de la perversidad, de sus políticas, el régimen no es invencible. El elector, si renuncia a su talante sumiso e irresponsable consigo mismo y las generaciones futuras logran claridad conceptual y racionalidad de sus deberes sociales, puede ser derrotado y se pueden crear condiciones para definir derroteros de desarrollo integral nacional.
Los dueños del poder político se pueden derrotar con el voto ciudadano y al régimen actual, con los recursos constitucionales, del Constituyente primario. El referendo constituyente. Es imperativo usar ese recurso y con él, lograr reformar, mejorar y desarrollar la Constitución de 1991, y aprobar las reformas que se requieren. Es la única vía que le queda al pueblo. El pueblo raso es la mayoría de ciudadanos de Colombia. De esta forma se puede liquidar la corrupción, la anarquía, laxitud e irresponsabilidad institucional, la politiquería, el debacle administrativo y la tiranía del poder, ejercido contra las mayorías nacionales.
Los dos primeros referendos, deben ocuparse de ordenar equidad salarial y pensional. Otro referendo debe darle un vuelco de 180 grados a toda la Rama Judicial colombiano. Las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales, tiene que hacerlas el pueblo, por Referendo. Los representantes del pueblo, hoy en el poder, durante más de treinta años de vigencia de la Constitución de 1991, no las hicieron y nunca las harán.
El pueblo debe prepararse para adelantar y aprobar, tantos referendos constitucionales, como sean necesarias, para salvar a Colombia del caos y la anarquía institucional, en que convirtieron la supuesta democracia, vigente desde hace más de 200 años.
