En nuestro país escuchamos sobre funcionarios, servidores públicos o personajes de la vida pública que protagonizan actos de corrupción, faltas a la moral o escándalos, sin que les suceda absolutamente nada. Continúan con sus vidas como si nada, y algunos incluso son ascendidos, aprovechando la vitrina de su escándalo para volverse más famosos.
Muy distinto es lo que sucede en otros países donde los errores y faltas cuestan un alto precio. Es el caso esta semana de la directora del Servicio Secreto de EE.UU., Kimberly Cheatle, quien tuvo que renunciar a su cargo debido a las fallas alrededor de la seguridad de Trump. Hace un mes, el presidente del Consejo de Ministros de Perú renunció luego de conocerse que vinculó laboralmente a una joven con quien había tenido una relación sentimental. En marzo, el presidente de Vietnam renunció tras verse involucrado en hechos de corrupción, y el año pasado, el primer ministro de Portugal renunció al descubrirse desvíos de fondos en su gobierno.
Quizá uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1974 cuando Richard Nixon renunció a la presidencia de EE.UU. tras el escándalo Watergate. Otros presidentes de Latinoamérica que no pudieron culminar su periodo por hechos asociados a la corrupción fueron Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez en Bolivia, Lucio Gutiérrez en Ecuador, Otto Pérez en Guatemala, Dilma Rousseff en Brasil, y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, entre otros.
Contrario a esta situación, en Colombia tenemos casos como el del presidente Ernesto Samper, quien pudo terminar su periodo a pesar de los aportes que recibió su campaña por parte del cartel de Cali. La Comisión de Acusaciones del Congreso concluyó convenientemente la responsabilidad de Samper definiéndola como “ni inocente, ni culpable”. Otro caso es el del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por corrupto y que ahora funge como abogado de Sneyder Pinilla, quien reconoció hacer parte de los hechos de corrupción en la UNGR.
Sorprendente es el caso del presidente Petro, después de que Benedetti revelara el ingreso de 15 mil millones de pesos no reportados a la campaña. Petro lo nombró embajador de Colombia ante la FAO. En Neiva, tampoco pasó nada con los concejales y funcionarios capturados temporalmente por las irregularidades en la elección de personera y contralor en 2016.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue detenido en EE.UU. luego de golpear a un oficial en la final de la Copa América. También tenemos el vergonzoso caso del contralor de Huila, Andrés Felipe Vanegas, quien, pese a demostrarse la agresión que propinó a su pareja sentimental, sigue en el cargo como si nada hubiera ocurrido.
La reinante impunidad de la justicia y la politización de los entes de control en Colombia hacen que no pase nada. Hay una amalgama institucional en la que se cubren unos con otros, pagándose y debiéndose favores permanentemente. Los servidores públicos se sienten reyezuelos y creen que no tienen que explicar nada a nadie.
Hay una profunda crisis en la sociedad colombiana por la falta de valores, ética y moral, que se ve reflejada en corrupción e impunidad legal y social. Esta gravísima impunidad es el mayor generador de criminalidad.