Dificultades que ahora tendrán que ser aclaradas ante el Tribunal Administrativo del Huila, enfrentan los Planes de Desarrollo de 21 municipios. Esto luego de ser objetados por la Gobernación del Huila, en su gran mayoría por la falta del capítulo de paz. Los alcaldes se defienden e indican que tienen los argumentos suficientes para que los fallos salgan a su favor.
Johan Eduardo Rojas López
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La Gobernación del Huila, a través de su Oficina Jurídica, objetó 21 Planes de Desarrollo Municipales, principalmente y casi que en su gran mayoría por no contar con el capítulo de paz y armonización presupuestal. Ahora será el Tribunal Administrativo del Huila, el que escuche la defensa de los entes locales y decida sobre el futuro de la ruta de acción que fue aprobada en las corporaciones municipales para este cuatrienio.
Esto se determinó tras el control de legalidad que adelantó la administración departamental, luego de la etapa de aprobación por parte de los concejales de cada localidad y la respectiva sanción de los alcaldes. Sin embargo, es preciso dejar claro que los actos administrativos de los Planes de Desarrollo cuentan con presunción de legalidad y, por tanto, siguen vigentes, hasta tanto no se dé un fallo que lo nulite.
21 de 37 Planes de Desarrollo objetados
Los acuerdos 005 de Yaguará (capítulo de paz y armonización presupuestal), 009 de Paicol (capítulo de paz, anexos y armonización), 004 de Palermo (armonización), 007 de La Argentina (capítulo de paz), 010 de Elías (autorizaciones de ajustes en el presupuesto), 003 de Gigante (anexos y capitulo de paz), 010 de Pitalito (capítulo de paz), 05 de Nátaga (anexos, capítulo de paz y celebración de todos los contratos), 009 de Rivera (capítulo de paz y armonización), 008 de Isnos (anexos y capítulo de paz) y 006 de Tesalia (capítulo de paz y armonización), son los que están siendo analizados con ‘lupa’ por el Tribunal, frente a esos puntos en los que presuntamente tuvieron fallas.
A esos se le suman: el acuerdo 006 de El Pital (capítulo de paz y armonización), 010 de Timaná (capítulo de paz), 010 de El Agrado (presupuesto), 011 de Iquira (armonización), 006 de Guadalupe (anexos y capítulo de paz), 004 de Neiva (capítulo de paz y correcciones de tablas y gráficas), 005 de Tarqui (capítulo de paz y armonización), 006 de Oporapa (capítulo de paz, armonización, celebración de contratos y anexos), 010 de Santa María (armonización) y 004 de Altamira (capítulo de paz).
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La recomendación
Héctor Repizo Ramírez, abogado especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, explicó que, los Planes de Desarrollo son acuerdos municipales que según la ley 136 de 1994 deben establecer unos procedimientos y requisitos, para posteriormente remitirlos al Gobernador del Huila, dentro de los cinco días siguientes a su sanción. Allí se le hace el control de legalidad, y se envía directamente al Tribunal Administrativo del Huila.
“Si ellos encuentran que no se ajustan a lo que establece la ley o se viola alguna regla en el procedimiento, se pueden declarar nulos, por lo que quedarían sin ningún efecto y entonces inmediatamente entraría a regir el Plan de Desarrollo anterior que tenía cada entidad territorial, mientras que se surte el proceso del debido trámite para un nuevo Plan de Desarrollo. Cada fallo sería diferente y yo considero en todo caso que el peor escenario es que declararen nulo algunas partes de los Planes de Desarrollo, para presentar modificaciones”, aclaró.
Ahora bien, el hecho de ser demandados y hacer tramite en el Tribunal, no les quita la presunción de legalidad, lo que significa que, los actos administrativos siguen teniendo efecto y bajo ese entendido los mandatarios pueden ejecutarlos.
“De todas maneras los procesos judiciales en lo contencioso son un poco demorados, entonces, los alcaldes no pueden ponerse a esperar a que el Tribunal decida si el acuerdo del Plan de Desarrollo es nulo o no, para ejecutarlo. La recomendación es que, si no incluyeron el componente de paz que ordenó el acto legislativo 03 del 2017 en los Planes de Desarrollo que están sujetos a modificaciones, deberían presentar ante los concejos municipales esas correcciones y eso les permite de alguna manera blindarse. De tal suerte que cuando se pueda contestar la demanda, puedan demostrar que ya subsanaron esa falla. Eso sería lo mejor porque se les podrían pasar los cuatro años sin hacer absolutamente nada”, ahondó el gerente general de la firma Repizo Abogados que asesora entidades públicas.
Para el abogado magister en Derecho Público, formalmente no sería tan necesario que se incluya un capítulo exclusivamente para la paz, pero sí contar con programas y proyectos que estén enfocados en esa línea. Hizo un llamado además a la justicia para que en este caso y, por tratarse de recursos públicos, le dé un trámite preferencial a las demandas que se adelantan y podrían afectar cuatro años de acción de 21 municipios.
Hay que tener precaución
Según otro experto consultado por LA NACIÓN, los mandatarios deben junto con su equipo jurídico tomar sabias decisiones para no cometer imprudencias. Y es que a pesar de que aún no hay un fallo definitivo y el acuerdo municipal sigue siendo válido, según su criterio, lo más sensato sería no ejecutar el Plan de Desarrollo hasta tanto no se dé un fallo definitivo.
“El Plan de Desarrollo puede regir porque el acuerdo está sancionado y no hay suspensión provisional. Lo mejor sería no desarrollarlo porque si el fallo es desfavorable todo podría quedar en pausa y tener que revertirse varias decisiones por las implicaciones jurídicas, en cuanto a contratos, licencias y convenios celebrados. Obviamente aún falta que las alcaldías expongan sus argumentos y ahí sí el Tribunal tomará decisiones”, sostuvo el experto.
¿Primiparada?
El diputado del Huila, Omar Alexis Díaz Cuellar, se refirió a esta situación y arrancó resaltando el trabajo realizado por el Gobierno Departamental quien alertó estos hechos que podrían perjudicar a varios municipios. No obstante, dijo estar preocupado por lo que pone al descubierto esta situación que podría calificarse como una primiparada.
“No solamente es cuestionable el acompañamiento de la parte asesora jurídica, sino también la responsabilidad que tienen los concejales a la hora de revisar uno a uno estos Planes de Desarrollo, pues nos dejan a nosotros pensar otras cosas que desafortunadamente empañan la administración pública. Faltó más asesoría y conocimiento de los mandatarios. Recordemos que un Plan de Desarrollo no solamente se construye con la comunidad, sino con el Concejo Municipal, quienes tiene también esta capacidad de alertar”, señaló Díaz Cuellar, mientras que contó que, precisamente en la Asamblea del Huila sí alertaron sobre esta situación que estuvo a punto de omitirse dentro del Plan de Desarrollo Departamental, dado que “también lo querían convertir en un artículo y nosotros le indicamos que tenía que ser un capítulo especial”.
Manifestó que este es el primer ‘jalón de orejas’ que deben tener las administraciones municipales para no seguir cometiendo estos errores de aquí en adelante porque queda el sinsabor y la duda de “¿Qué va a pasar con otros proyectos que se puedan presentar y que desafortunadamente el Gobierno Departamental no alertará?”
Alcaldes defienden sus Planes de Desarrollo
Yider Luna Joven, alcalde de Pitalito, afirmó que ya se reunió con la jurídica y se encuentran subsanando lo que se puede mejorar. “El tema de la paz lo tenemos transversal en todos los ejes del Plan de Desarrollo, sin embargo, ellos exigen un capítulo especial y estamos esperando la respuesta de ellos”, insistió.
Por esa misma línea, Kleyver Oviedo Farfán, alcalde de Palermo, aseguró estar a la espera de contestar la demanda para hacer las respectivas aclaraciones dado que considera que sí están cumpliendo con la normatividad.
“Es un tema de interpretación que se está manejando jurídicamente donde algunos creen que no están cumpliendo y otros asumimos que sí se cumple. Haremos las aclaraciones para evitar mayores contratiempos y que los municipios realmente puedan avanzar porque ese es el problema, que siempre le busquen poner trabas a las cosas. Como hay un principio de presunción de legalidad, se ejecutará el Plan de Desarrollo. Nosotros lo que creemos es que cuando se demandaron, lo hicieron muy general”, concluyó el burgomaestre.
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Puesto para realizar modificaciones
A su vez, el alcalde de Timaná, Edwin Andrés Cárdenas Gasca, dijo que, hasta la fecha no les ha notificado oficialmente ninguna decisión y solamente están esperando que los llamen a rendir sus descargos. Mencionó igualmente, que dentro de su ruta de acción hay cuatro dimensiones que fueron formuladas y dentro de ello se encuentran los temas de paz.
“Se trata de un problema más de forma que de fondo. Ellos piden un capítulo especial para la paz, incluso estamos esperando la asesoría porque están desde Planeación revisando si en pequeños municipios como el de nosotros amerita un capítulo de paz o no; todavía no hay claridad frente a ese tema. Si hay que entrar a hacer una modificación dentro del Plan de Desarrollo, pues se está en disposición de hacerlo, pero si no hay necesidad, no”, comentó el mandatario.
Puntos que no comparten
Camilo Fabián Gómez Segura, director del Departamento Administrativo de Planeación de Neiva, sostuvo que, ellos son muy respetuosos de las objeciones y de la leyes, sin embargo, en el mismo sentido, hay apreciaciones que no se comparten.
“La objeción a nuestro Plan de Desarrollo desde el punto de vista técnico se da por dos razones: la primera porque según la Oficina Jurídica de la Gobernación, no hay capítulo de paz, lo cual nosotros de manera respetuosa no compartimos porque en nuestro Plan de Desarrollo se le da cumplimiento a la ley 2272, ya que nosotros tenemos una estrategia para la construcción paz, la cual se fundamenta en un artículo que es el 14. Allí se establecen las metas, sectores, programas y proyectos que tiene nuestro Plan de Desarrollo. Asimismo, se organizaron los diálogos sociales, los cuales tienen actas y tenemos anexos. Respecto al artículo 17 nosotros desde el punto de vista técnico, vimos que es simplemente una manera o artículo para corregir errores formales que no nos modifica en ningún momento nuestro Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que el espíritu de esto va dirigido a corregir el proceso de transcripción en cuanto ortografía”, precisó el Director, quien además, dio claridad de que esa ruta de acción funciona y “no hay ningún inconveniente”.
Un error
Finalmente, Josué Manrique, alcalde de Gigante, especificó que, en su caso, sí se incluyó el capítulo de paz, pero cuando se entregó la documentación impresa a la Gobernación del Huila, se entregó de manera incompleta.
“Lo que pasa es que en impresión se equivocaron y entregaron 98 páginas de las 120 que son en total. Ya se completó y en una reunión que hicieron a principios de mayo en donde asistieron la Defensoría del Pueblo, Contraloría y Unidad de Víctimas todo quedó bien sancionado. Nosotros ya quedamos libres de eso, estoy esperando alguna constancia de que ya eso quedó solucionado. Los anexos ya están también”, puntualizó.
