La pérdida de autoridad engendra todos los males para la sociedad. Es alarmante lo que estamos padeciendo los colombianos debido al debilitamiento de la Fuerza Pública. No solo por la salida de sus integrantes, algunos por decisión unilateral de Gustavo Petro y de su nefasto ministro de Defensa, y otros que se retiran por falta de garantías institucionales, ya que se les expone sin protección ante el empoderamiento de las organizaciones criminales por parte del gobierno, sino porque no existe política de seguridad y la llamada “paz total” es una mentira.
Es común escuchar, en voz baja, a los comandantes del Ejército y de la Policía en las regiones decir que no pueden actuar contra los delincuentes porque “la orden de arriba es respetar los diálogos y el cese al fuego bilateral”. Esa es la desafortunada y triste realidad. Mientras la violencia en el territorio nacional se desborda y los delincuentes de todo tipo andan “como Pedro por su casa” disfrutando de sus fechorías, Petro nos distrae con diálogos interminables y sin resultados con los principales grupos criminales, dedicados todos al narcotráfico.
La inseguridad en las calles ha aumentado, y la presencia de bandidos en las carreteras y zonas rurales del país se ha incrementado. El Huila, por supuesto, no es ajeno a este lamentable panorama. Por ejemplo, es tan grave el incremento de la maldita extorsión que las autoridades ni siquiera pueden tener estadísticas precisas, pues han perdido el control de la situación. ¿Cuáles son los temas, las conclusiones y los resultados de los innumerables consejos de seguridad que realiza el ineficaz ministro de Defensa? Y, por otra parte, ojalá obtuviéramos una respuesta del general Salamanca, director de la Policía, al porqué desmanteló el Huila de unidades de esa Institución, porque hoy tenemos, en cada municipio comenzando por Neiva, la mitad de los policías que había hace dos años. Mientras tanto, los delincuentes se han multiplicado en toda la región.
Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que en los 37 municipios del Huila está desbordada la maldita extorsión. Conocemos muchos casos en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, de comerciantes y pequeños empresarios del campo que están desesperados con los mensajes y llamadas que reciben a diario en sus teléfonos celulares, desde las cárceles y de distintos lugares del departamento, de las FARC y de múltiples pequeños grupos de bandidos, amenazando y pidiendo “la cuota” so pena de hacerles daño a ellos o a sus familias. En muchos lugares rurales del Huila, el desfile de vehículos es interminable, cumpliendo citas a los bandidos para “negociar” la maldita extorsión.
Esta situación exige una respuesta contundente y eficaz del gobierno, que debe corregir el rumbo porque durante dos años ha sido permisivo con todo aquel que esté al margen de la ley. No podemos aceptar que la delincuencia siga adueñándose de nuestras calles y campos mientras se nos vende la ilusión de una paz que, en la práctica, solo está beneficiando a los criminales. Es momento de recuperar la autoridad y proteger a los ciudadanos de bien.
