El juicio por sobornos pagados a concejales para la elección de Personera y Contralor de Neiva, no pudo despegar con el acelerador puesto. Las fallas en el descubrimiento probatorio, le apagaron las turbinas. En noviembre, nuevo intento, antes de las primeras prescripciones.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Increíble pero cierto. El juicio oral por la ‘torcida’ elección de Contralor y Personera de Neiva sigue estancado, a pesar de las amenazas de prescripción que le pisan los talones.
Aunque en agosto pasado se había sellado un compromiso definitivo para concluir las observaciones sobre el descubrimiento probatorio, ayer, en una nueva audiencia, resucitó el mismo discurso, reclamando más tiempo.
Y de nuevo, la Fiscalía, siguió entregando también a cuenta gotas, las pruebas y evidencias físicas, que descubrió, para soportar la solicitud de condena contra los implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción electoral.
El juicio no pudo arrancar como estaba previsto.
La bancada de la defensa, con razones de sobra, denunció que hasta hace pocos días, la Fiscalía siguió entregando el material probatorio, en muchos casos, incompletos, en desorden y en otros, como los digitales, dañados, ilegibles o descontextualizados, lo que les impedirá la defensa técnica.
Caso Urueña
La juez Cuarto Penal del Circuito de Neiva, María del Pilar Ochoa decretó ayer la preclusión de la acción penal que se venía adelantando contra el ex diputado Oscar Urueña Medina, quien falleció el 8 de septiembre pasado, en Bogotá, afectado por un cáncer agresivo que le segó la vida.
La solicitud fue presentada por su apoderado Sheiber Cuenca adjuntando el registro civil de defunción. Confirmado su deceso, se confirmó la causal objetiva de extinción de la acción penal por fallecimiento. La fiscal coadyuvó la petición.
Urueña estuvo vinculado al proceso por su participación en la irregular elección del contralor y Personera de Neiva en el 2016.
Si bien no participó en la elección de los funcionarios toda vez que para enero del 2016 ya no era concejal y ejercía una curul en la Asamblea, Urueña actuó como enlace entre sus antiguos compañeros del Concejo, los candidatos y el comerciante Rened Cantillo, quién aportó el dinero.
Según la Fiscalía, Urueña “prestó ayuda que sirvió efectivamente para encubrir las anomalías que se estaban cometiendo en el desarrollo del concurso, dentro de un acuerdo previo con José Hildebrand Perdomo y René Cantillo, cómo se evidenció en las llamadas telefónicas interceptadas.
Como tortuga
Aunque la ley prevé términos precisos y perentorios para radicar y sustentar la acusación, pero además, para la audiencia preparatoria, la Fiscalía 12 seccional superó esos plazos, entre otras razones por el número de implicados, la complejidad del proceso, el volumen de elementos materiales de prueba y la abundante evidencias físicas legalmente recaudadas, entre ellas, 33.000 interceptaciones telefónicas, donde se confirmarían las conductas de soborno.
El escrito de acusación fue presentado el 20 de diciembre de 2018 (cuatro meses después de las capturas de los 15 involucrados). Sin embargo, comenzó el 5 de mayo de 2019 y terminó, dos años después, el 3 de mayo de 2021.
Y aun así, con un retraso cercano a los tres años, sigue entregando a cuenta gotas, el material probatorio que sustentará en el juicio oral, sin acelerador.
La prescripción
La demora en la iniciación del proceso, precipitará, sin duda, la prescripción de algunos delitos, para los particulares involucrados en los escandalosos sobornos.
Entre ellos el empresario, Rened Cantillo Álvarez, ‘el hombre del maletín’, quien aportó los dineros y actuó como intermediario para comprometer con dinero y puestos a los servidores públicos en la desviada elección de los dos dignatarios del control territorial.
El empresario, acusado a título de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, como otros particulares involucrados, podrá salir judicialmente exento, al ritmo que avanza el proceso penal por corrupción electoral. Por no ser servidor público, el delito de cohecho, puede prescribir en poco tiempo.
La misma situación se presenta con el médico Luis Antonio Medina, quien no ostenta la calidad de servidor público. Fue acusado por obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Si el juicio no logra despegar antes de terminar el año, la prescripción, es decir, el archivo por culpa del Estado, será inatajable.
Previendo ese escenario, la Juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, reprogramó para el 22 y 23 de noviembre próximos la nueva fecha para iniciar el juicio oral.
Sin acelerador
Aunque parezca inconcebible, en este caso el volumen de evidencias y elementos de prueba recaudados, es tan abundante que se convirtió en un escollo para que el avance del proceso.
Los elementos materiales probatorios entregados a la bancada de la defensa están contenidos en 145 carpetas con 45.253 archivos, que suman 14,8 gigabytes de información. Un gigabyte equivalen a 1.024 megas (megabytes).
Entre ese material figuran 33.000 audios de interceptaciones telefónicas, realizadas antes y después de la cuestionada elección de Personera y Contralor, 14.000 interceptaciones relevantes sobre este asunto y otras 3.500 evidencias físicas, que soportan la acusación.
Sin embargo, con todas esas pruebas más un centenar de testigos, el proceso judicial más documentado de la historia judicial del Huila está con el acelerador dañado, no por falta de pruebas, sino, curiosamente, por abundancia de pruebas.
Coincidencias
La crítica situación, se registra después de tres años de la captura de los concejales y particulares implicados ocurrida en una cinematográfica operación realizada en plena sesión de la corporación el 23 de agosto de 2018.
Pero además, por coincidencia, en momentos la corporación, prepara, como hace seis años, las reglas de juego para elegir Contralor y Personero.
Como ocurre actualmente, por esa misma época, en septiembre de 2015, el Concejo de Neiva preparaba para organizar la elección de los dos funcionarios. Solo que las reglas de juego se cambiaron a última hora.
El complot fue orquestado por el abogado José Hildebrand Perdomo Fernández, quien fungía como jefe jurídico de la Usco a través de la Grupo de Proyectos Especiales e Innovación, centro de operaciones de los concursos fraudulentos, que se realizaron en Neiva y en otras 35 ciudades del país.
Perdomo, quien ejercía como jefe jurídico de la Usco reveló que su labor de persuasión, la etapa final, comenzó en octubre del 2015 haciendo lobby con todos y cada uno de los concejales.
Antes habían realizado conversaciones con los jefes políticos de los concejales. Además, había abonado el terreno con el trámite de los convenios y la realización de las pruebas.
El Grupo de Proyectos Institucionales Especiales, creado en octubre de 2014 (Resolución 167 de 2014) fue la plataforma de lanzamiento.
El organismo despegó en el 2015 para fortalecer el Banco de Proyectos Institucionales. En el marco de sus funciones gestionó la suscripción de los convenios con los concejos municipales para adelantar el concurso de méritos de elección de personeros.
Convenio
El cuestionado convenio para la selección de personeros en 35 municipios del país, incluido Neiva, fue tramitado directamente sin la refrendación de ninguna otra dependencia
Por ser un convenio de proyección social solidaria no comprometía recursos. Por eso no lo tramitó el Comité de Proyección Social, según lo confirmó Andrés Capera Lombo, ex coordinador Grupo de Proyectos.
Los concursos fueron tramitados en tiempo récord en 35 municipios de ocho departamentos del país. En el Huila incluyó a 11 municipios.
En el caso de Neiva, el presidente del Concejo Luis Eduardo Penagos suscribió el convenio con la Usco el 12 de noviembre de 2015, sin tener autorización de la mesa directiva. En medio de la tormenta, la Fiscalía inició las interceptaciones l 17 de noviembre de 2015.
“En todos los casos mediaron promesas de pago de dinero y prebendas, cargos y contratos”, reseñó la Fiscalía.
Sólo cuando lograron “amarrar” con dinero, los votos de los concejales, la joven egresada, Heidi Lorena Sánchez, anunció su candidatura e inscribió su aspiración. No antes.
La estrategia
Como coordinador del convenio fue designado el médico Luis Antonio Medina Arias quien facilitó toda la estrategia para favorecer a los dos funcionarios, miembros del mismo equipo, amigos personales y compañeros de farra.
Luego compraron las pruebas a una empresa privada y con asesores externos direccionaron y manipularon las pruebas que pagaron particulares. La empresa privada Psigma Corp, vendió las pruebas de competencia laborales, según facturas de venta PC-6415 y P-3950 del 28 de diciembre de 2015.
Ese documento confirma la venta de las pruebas piscotécnicas, curiosamente pagadas de contado por un particular no identificado. La compra de las pruebas contravenía las cláusulas del convenio suscrito con la Usco.
Y para sorpresa, los consolidados finales y la tabulación de los resultados fueron destruidos para no dejar prueba.
La elección de Heidy Lorena Sánchez Castillo fue la primera victoria del organizado complot.
La funcionaria fue elegida el 8 de enero de 2016 al haber ocupado en forma tramposa el primer lugar en un fingido concurso al que participaron 47 candidatos.
Reglas de juego
El Concejo modificó inexplicablemente las ‘reglas de juego’ de la convocatoria pública para la Contraloría, sin aviso previo al cierre de inscripciones violando abiertamente los principios de publicidad, igualdad y equidad.
La corporación, siguiendo al pie de la letra el cronograma del ‘pacto secreto’ modificó la estructura y criterios de selección del concurso pasando de ser un concurso de méritos a una convocatoria pública (Resolución No. 131 de 2015).
La mesa directiva de la época utilizó para evaluar a quienes presentaron las reclamaciones un software especializado en detectar que resultó pirata. Además, esta herramienta no estaba estipulada en la reglamentación de la convocatoria. Ese cambio le permitió al jefe jurídico de la Usco, llegar a la Contraloría, con el favor de un reducido grupo de asesores y con el beneplácito de un empresario que se prestó para patrocinar la corruptela.
Como ocurrió hace seis años, la corporación sigue preparando las convocatorias y buscando a las entidades que se encarguen de realizar el concurso, y muchos de los concejales que participaron en el 2015, pasan de agache.
