La Fiscalía 22 Seccional, atendiendo una demanda interpuesta por la multinacional Emgesa, les imputará cargos este jueves ante el Juzgado Primero Promiscuo de Gigante por el supuesto delito de “obstrucción de vías públicas que afecten el orden público”, contemplada en el Código Penal. La audiencia fue programada para las 11:30 a.m. en la sede del despacho judicial en Gigante, según lo confirmó su secretario.
El tipo penal
Según la norma quien por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
Reacciones
La decisión ha desatado una cadena de solidaridad de todos los sectores sociales y académicos.
“El profesor (Dussán) ha venido siendo objeto de hostigamiento y judicialización por defender pública y legítimamente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, el territorio y la vida de los afectados por la construcción de la represa de El Quimbo, a tal punto que su residencia ha sido asediada en búsqueda de documentación que permita incriminarlo y privarlo de la libertad”, denunció la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu).
Protección
El docente universitario estimó que la medida, promovida por la multinacional Emgesa, está orientada a criminalizar el derecho a la protesta social, violando derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y asociación pacífica. “Las movilizaciones de las familias afectadas por la construcción de la represa son legítimas y están amparadas constitucionalmente. Imputar cargos por las protestas es una medida desproporcionada.
Dussán Calderón pidió la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reclamó su protección en este caso poner “para poner fin a todo tipo de actos de hostigamiento y judicialización por defender pública y legítimamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el derecho al territorio y a la vida de los afectados por la construcción del complejo hidroeléctrico.
